Deben intervenir el Ejecutivo y Legislativo en crisis del TSJ
Urge participación profunda y transparente: Morelos Rinde Cuentas
La falta de una presidencia efectiva genera ingobernabilidad, se advierte
Gerardo Suarez Dorantes 
La crisis que enfrenta el Poder Judicial en Morelos no se resolverá con acuerdos políticos entre unos cuantos, sino con una intervención profunda, transparente y con participación de todos los sectores, afirmó Roberto Salinas, director del Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas".
En entrevista, Roberto Salinas señaló que es urgente la intervención tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, pero no de forma opaca o exclusivamente partidista.
“Debe ser una intervención dialogante con la sociedad, con la academia, con organismos nacionales y con la sociedad civil. La solución no puede ser un acuerdo entre grupos políticos, sino una salida integral”, subrayó.
Respecto a la designación pendiente de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, Salinas consideró que aun con una nueva figura al frente, el tribunal seguiría dividido.
“La reforma que se hizo no resolverá el problema. No podemos esperar hasta 2027. Se necesita una solución radical y colectiva, no solo entre políticos”, enfatizó.
Lamentó que, pese a las reformas y la intervención legislativa, no se haya logrado un consenso. “La crisis no es nueva, es una lucha por el poder más que por servir o mejorar; la reforma publicada no ha sido efectiva, y el problema revela una crisis estructural profunda en el sistema de justicia de Morelos”.
También se refirió al caso de Juan Gabriel Vargas, quien intentó presidir el Poder Judicial y enfrentó una denuncia por no acudir a una sala en Cuautla, lo cual derivó en rezago judicial. “La falta de una presidencia efectiva ha generado ingobernabilidad en la impartición de justicia.
Esto agrava una crisis política y social que debe atenderse ya”, afirmó.
Finalmente, Roberto Salinas advirtió que si bien la participación de los otros poderes es necesaria, también se debe cuidar que no se vulnere la autonomía judicial, debido a que se necesita un equilibrio entre intervención y respeto a la institucionalidad para que haya justicia real en el estado, concluyó.
