Breves de Abogados y Políticos - Relato de una infamia

Con la publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5761, de fecha 27 de noviembre de 2019, comenzó la historia de una infamia cometida por el fracasado Sistema Estatal Anticorrupción. Dicho ejemplar, incluyó el nombramiento del reconocido abogado y catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro González Chévez, como secretario técnico del Comité de Participación Ciudadana, perteneciente a dicho sistema. Horas más tarde de ese mismo día, “sospechosamente” en el propio medio de difusión oficial, se publicó una “nota aclarativa” que dejaba sin efectos dicho nombramiento.

A partir de entonces, comenzó una feroz e inusual persecución legal y política, en contra del referido profesionista, como si se tratara del peor de los delincuentes, siendo que él no cometió delito alguno, pues nunca pidió ser nombrado, ni tampoco usurpó ni recibió un solo peso partido a la mitad, por su nombramiento y eventual gestión como funcionario.

Y entonces ¿por qué la persecución? Resulta el -en ese entonces- recién creado Sistema Estatal Anticorrupción, contemplaba como figura central del mismo, la Secretaría Técnica, cuyo titular dispondría de hasta de 40 plazas para realizar sus funciones. Esto, despertó el apetito de acaparar o repartirse las mismas, por parte de los titulares de las instituciones que integraban el mismo, especialmente de Juan Salazar Núñez, fiscal Especializado en Combate a la Corrupción (FECC), que en esta historia cumplió el papel de juez y parte; o más bien de verdugo con hacha de papel, pues al final hizo el peor de los ridículos, mostrando -una vez más- su ineptitud e ineficacia como servidor público.

Así, al “vapor” se integró la carpeta de investigación número FECC/455/2019-12, en la mencionada instancia, desde donde se ordenó una prepotente irrupción en lo que se preveía, serían las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, de la noche a la mañana, estuvo lista la causa penal JC/067/2020, por los supuestos delitos de ejercicio ilícito de la función pública y fraude procesal. La entonces juez, Laura Gabriela Chang Marroquín, vinculó a González Chévez, pero sólo por el primero de los supuestos ilícitos, lo que motivó que la FECC impugnara la no vinculación por el segundo. Los actos mencionados, no sólo dañaron la reputación del prestigiado profesionista, sino que también le implicaron un gasto importante en su defensa. Así, éste promovió el amparo 433/2020, del que conoció el Juzgado Sexto de Distrito, que lo amparo para efectos.

Mientras, en la apelación por la no vinculación por el delito de fraude procesal, interpuesta por la FECC, el vicefiscal Ignacio Zeus Gutiérrez Córdova, pasaba aceite e interpretaba un penoso papel en la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, donde con fecha 21 de marzo de 2021, los magistrados Norberto Calderón Ocampo, Ángel Garduño González y Elda Flores León, casi casi le dijeron que era un burro y se regresara a estudiar a la Facultad de Derecho, al decirle textualmente que “…no se actualiza el hecho delictivo de fraude  procesal, pues de dichos datos expuestos  por  el  Fiscal,  no se  infiere  la  simulación  de un acto jurídico o cualquier acto tendiente a  inducir al  error, a la autoridad con el fin de obtener acto administrativo contrario a la ley y así obtener un beneficio indebido para sí  o  para  otro”. Literal: lo mandaron “a chihuahua a un baile”, con su respectiva patada en el trasero.

En tanto, como resultado del amparo concedido para efectos, el expediente se reanudo en los juzgados de Atlacholoaya, repitiéndose (con fecha siete de noviembre de 2023), la audiencia de vinculación por el delito de ejercicio ilícito de la función pública, ahora con el juez Isidoro Edie Sandoval Lome, quien, sintiéndose en su papel de juzgador de hierro, volvió a vincular a González Chévez. Éste escuchó los absurdos argumentos, desaprobando los mismos con un movimiento negativo de cabeza a lo que el juez, sintiéndose muy chipocludo, lo miró a los ojos y dijo: “… escuché detenidamente la resolución de mi homóloga y por ende comparto el mismo criterio. En esta audiencia, lo que va a realizar este juzgado es dar lectura a la resolución que ella emitió. Y únicamente voy a dar contestación a los argumentos que en su caso se dejaron de contestar por parte de la misma”. En pocas palabras: me vale madre tu situación y hazle como quieras.

El fallo obligó a González Chévez a interponer una apelación, con número de Toca 6/2023-10, de la que conoció la misma Sala Auxiliar, ya con otros magistrados de los mencionados anteriormente. Y la justicia por fin llegó: quedó absuelto de todo, exhibiendo la ineptitud del todavía titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Pero ¿por qué decimos que hizo el ridículo? Pues resulta que para integrar la carpeta FECC/455/2019-12, ocupó a uno de sus propios funcionarios como denunciante, en el caso, Octavio Ibarra Ávila, coordinador general jurídico, a quien ubicó como “víctima” ¡hágame usted el favor!

Luego, desconoció como servidor público a González Chévez (por la nota aclarativa del Periódico Oficial que dejó sin efectos su nombramiento), pero en el colmo de las contradicciones, lo acusó de “ejercicio ilícito de la función pública”, es decir, un delito que sólo puede cometer un funcionario y por tanto la FECC tiene competencia. O sea: ¿somos o no somos?

A todo esto: ¿Cómo se integró el fracasado Sistema Estatal Anticorrupción? Primero hay que decir que en tiempos del ex gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, nace una Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, vigente por un periodo de tres años, misma que en ese entonces integraron Leonora Valentina Jiménez Franco; Karla Graciela Cedano Villavicencio; Gustavo Rivera Loret de Mola; José Antonio Acosta Moreno; Alejandro Rafael Caballero Morales; Celso Ramírez Serrano; Cecilio Ovando Castelar; Carlós Pastrana Gómez; María Elena González López. Ésta a su vez, designó al Comité de Participación Ciudadana, quienes fueron: Roberto Coránguez Esquivel; Eva Penélope Picazo Hernández; Édgar López Betanzos; María Juana Damiana Herrera Mota y Alejandro Enríquez Hermida.

Todo esto no sirvió para maldita sea la cosa, pues aquí nadie nunca fue procesado por corrupción, pero sin embargo salieron muy buenos para la persecución con fines políticos. De eso sólo quedan ruinas y un enorme costo económico anual para las jodidas finanzas de la entidad. De los detalles del fracaso del referido sistema, hablaremos en otra entrega; solo basta decir que con el ejemplo de estas “carabinas de ambrosio”, cobra valor -más que nunca-, la frase de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, que dice: ¡Al Diablo con sus Instituciones!