A no meterse en política piden legisladores al obispo Castro
Debe dedicarse a predicar y a leer la biblia, consideró Julio César Solís
Defienden presupuesto del Congreso ante supuesta mejora en seguridad y justicia
Un llamado a no meter las manos en temas y cuestiones políticos fue el que hizo el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del estado, Julio César Solís Serrano al obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro.
En razón de ello, exhortó de manera respetuosa al prelado para que no interfiera en cuestiones de la política y mejor se dedique a leer la biblia, con sus fieles y a predicar el amor de Jesucristo así como de ayudar a los ciudadanos dejando de lado la política que de esa, dijo, se encargan ellos.
En otro orden de ideas, Julio César Solís Serrano dio a conocer en otro orden de ideas en torno al presupuesto financiero para el próximo año, que en una hipótesis de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dé entrada a la controversia constitucional que presentará el Ejecutivo con el respaldo de algunos alcaldes, se afectará la seguridad y ahora sí los encargados de la prevención y procuración de la justicia tendrán todos los argumentos posibles para no dar resultados.
Por lo tanto, adelantó Julio César Solís que la afectación a la seguridad será intensa porque alrededor de mil 200 millones de pesos no se estarán destinando a las áreas que se han destinado para combatir la incidencia delictiva.
El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Poder Legislativo señaló que en primer término, tanto la comisión estatal de seguridad pública, la fiscalía general del estado y el Poder Judicial se verán afectados con alrededor de mil 200 millones de pesos que estás tres instituciones no les llegará el recurso que se les amplió para el próximo año.
Debido a ello, vaticino que de no aprobarse el presupuesto como se hizo recientemente la afectación será severa y la inseguridad no se podrá combatirá y los resultados no serán positivos sino por el contrario, amenazan con incrementarse porque no habrá recursos suficientes para aumentarle el salario a los elementos, la compra de armamento y patrullas al igual que para impulsar diversos programas tendientes a disminuir la incidencia delictiva.
“Alrededor de mil 200 millones de peso será lo que no les llegará en el 2023 si avanza la controversia constitucional, es decir alrededor de 500 millones de pesos para el Poder Judicial; 300 para la comisión de seguridad y casi 400 para la fiscalía general”, refirió.