Serpientes y escaleras - Graco y su pandilla

Perdieron el miedo porque nunca les pudieron hacer nada.

Graco y su pandilla

¿Cuántas veces a lo largo del sexenio pasado escuchamos acusaciones sobre distintos actos de corrupción cometidos por el gobernador Graco Ramírez, su esposa, sus hijos o sus colaboradores? ¿Cuántas veces durante la campaña electoral del 2018 escuchamos promesas de Cuauhtémoc Blanco al respecto, ofreciendo justicia a los ciudadanos y castigo a los culpables de todos los abusos cometidos? Dos años después todo sigue igual o peor: los pillos siguen libres, sonrientes y planeando su regreso.

Es claro que no es fácil capturar a Graco y a su pandilla; una y otra vez se ha puntualizado que el tabasqueño es ladrón, pero no pendejo, porque sus acciones se llevaron a cabo de tal manera que hoy es difícil ubicar los caminos que utilizaron, las personas que les ayudaron y las empresas con las que trabajaron.

Como si eso no fuera suficiente el graquismo armó una poderosa red de protección integrada por personajes de los tres poderes del estado y personas que aún siguen siendo parte de la nómina gubernamental. Graco y su pandilla hicieron bien las cosas, se cubrieron muy bien las espaldas, pero además sus persecutores son profesionalmente muy limitados y no tienen la experiencia para entender la forma como actuaron sus antecesores.

Hablar de justicia y castigo a los pillos se ha vuelto un chiste en Morelos; conforme avanzan los días y nos acercamos a la primera mitad del sexenio va quedando claro que las promesas de campaña no se cumplirán y que muy probablemente los ladrones del pasado regresarán en el 2021.

Eso políticamente es posible y muy peligroso para quienes hoy están al frente de las instituciones, porque la falta de consistencia en la actuación del gobierno actual ha revitalizado a quienes hasta hace unos meses andaban escondidos y con miedo. Las pifias cometidas en los pocos procesos legales que iniciaron dieron confianza a los acusados e impulsaron la creación de un bloque político opositor que se prepara para dar la batalla en las urnas.

La falta de resultados del gobierno estatal en el combate a la corrupción también tiene un costo muy alto; una y otra vez el mandatario ha dicho que habrá castigo para su antecesor, que sus delitos no quedarán impunes y hasta ha pedido a Dios que le ayude a encarcelar a Graco. Pero las denuncias se han caído por inconsistentes, las pruebas que aportaron no fueron válidas y legalmente estos errores han blindado a los acusados de futuras acciones por los mismos motivos.

Por ello la percepción de la gente es cada día más adversa al gobierno de Cuauhtémoc Blanco; sus expresiones se creen cada vez menos porque van dos años sin que pase nada. Peor: los acusados ya no están escondidos, ya están de vuelta en el escenario público y dicen por todos lados que es la hora de la revancha.

Recordemos, por decir algo, los casos de corrupción señalados en la secretaría del Transporte con personajes como David Martínez o Jorge Messeguer, ambos tipejos impresentables, severamente cuestionados por su probidad y sin calidad moral para aparecerse en ningún lado; es secreto a voces los millones de pesos que se llevaron manejando la oficina y varias veces han sido denunciados por el fraude cometido en la entrega de miles de permisos. Aún así no les han hecho nada.

También está el tema de la seguridad, desde la construcción de un costosísimo centro de Control y Comando (C5), la adquisición de miles de cámaras de videovigilancia, la renta de patrullas y helicópteros, los cursos de capacitación para el personal y el uso discrecional de millones de pesos de fondos federales cuyo destino, dicen las autoridades actuales, no está totalmente comprobado y se encuentra bajo sospecha. Tampoco ha pasado nada.

Imposible dejar de ver el manejo de la secretaría de salud y los contratos multimillonarios que se hicieron desde la oficina de Andrik Ruíz de Chávez; en ese plano se dijeron y probaron muchas cosas, incluyendo la adquisición de vacunas y sueros falsos que fueron aplicados de manera dolosa a pacientes graves y niños enfermos.

Recordemos las obras realizadas durante el sexenio anterior con los créditos millonarios que la pasada legislatura le autorizó a gobernador; ahí está el manejo de la SOP y la oficina de adjudicación de contratos, las obras realizadas a sobre precio, de muy mala calidad y sin licitación. Y luego de la trágica creación de un fideicomiso de reconstrucción al que se le entregaron miles de millones de pesos para ayudar a los afectados, pero nunca los auxiliaron.

Las historias siguen y siguen: recordemos el enorme presupuesto a la secretaría de cultura, el infladísimo pago de facturas a proveedores, la creación de una empresa intermediaria para la contratación de eventos y artistas; también el DIF Morelos con las despensas, los programas y los proveedores de lujo. El objetivo formal del DIF es la atención de los grupos vulnerables, pero durante el graquismo se convirtió en una oficina de negocios de la damota, en donde ella y su gente cercana se enriquecieron a costa de quienes menos tienen. Desde ahí, por cierto, se operó el robo (no hay otra manera de describirlo) de la ayuda que miles de personas e instituciones de todo el país enviaron a los afectados por los sismos del 2017.

¿Cuántas y cuántas historias de estas escuchamos o contamos durante el sexenio pasado? ¿Cuántas de ellas formaron parte del discurso político de todos los candidatos de la coalición que ganó la gubernatura? ¿Cuántas más seguimos oyendo hasta ahora, a pesar de que es evidente que no habrá castigo a los culpables?

Las acusaciones, señalamientos, sospechas y evidencias dejan claro que el sexenio pasado fue un sexenio de robo; Graco y su pandilla fueron depredadores, causaron un enorme quebranto a la entidad y endeudaron a Morelos por treinta años y nada les van a hacer.

Al final del sexenio se dieron el lujo de no llevar a cabo el proceso legal de entrega-recepción a sabiendas de que ello constituía un delito. Les valió, se negaron a transparentar las finanzas, ocultaron información y hasta se burlaron del gobierno entrante. Y nada pasó ni ha pasado.

Visto todo esto la reflexión es lógica ¿El gobierno de Cuauhtémoc Blanco no quiere proceder contra su antecesor o de plano no puede hacerlo? Si fuese lo primero estaríamos hablando de un acto de complicidad; si se trata de lo segundo es una evidente incompetencia. Decir que no han podido proceder contra Graco y su pandilla porque lo protegen los fiscales ya no es excusa: el gobernador controla al congreso y los diputados pueden remover a ambos funcionarios ¿Por qué no lo han hecho?

Una cosa es clara: para los graquistas no existe una tregua con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, volvieron a dar la cara porque se les quitó el miedo, porque ya se dieron cuenta de que no les pueden hacer nada y saben que en la siguiente elección tienen una oportunidad de regresar y tomar venganza.

Graco Ramírez ha logrado recopilar una cantidad importante de información del nuevo régimen, han visto en Efrén Hernández Modragón un punto débil y comienzan a armar expedientes de acciones que pueden ser susceptibles de demandas, como la contratación del helicóptero de la CES.

El tabasqueño es un tipo perverso que le va a cobrar muy caro la afrenta a Cuauhtémoc Blanco, tiene todo el tiempo del mundo para planear su desquite y ya comenzó a mover sus piezas para ganarle el juego en las urnas al gobernador.

La falta de actuación del gobierno estatal en contra de los perredistas se ha constituido en un serio problema para el régimen: en cuanto a percepción se refiere, la inacción lastima la imagen y credibilidad del gobernador, pero en el terreno político ha hecho revivir a los muertos y abrió la puerta para un desquite que será mucho más fuerte de lo que hemos visto hasta ahora.

Por perdonar a Graco y su pandilla, Cuauhtémoc Blanco puede pasar de juzgador a acusado.

• posdata

Uno de los temas pendientes de resolver por los diputados locales es el de las llamadas Jubilaciones Doradas; se trata de un número importante de personas que al final de la legislatura pasada recibieron el beneficio del retiro sin tener la antigüedad para ello, en inmejorables condiciones, algunos sin cumplir los requisitos de ley o incluso, sin haber trabajado nunca.

La historia es compleja pero conocida porque se ha denunciado en innumerables ocasiones desde distintos espacios sin que pase nada; algunos ayuntamientos como el de Puente de Ixtla y el propio congreso local otorgaron constancias de antigüedad y salariales a sujetos que a la postre obtuvieron su jubilación violando abiertamente la ley; con estos instrumentos se soportaron los expedientes.

Si los diputados actuales realmente quieren llegar al fondo del fraude la clave es la fecha de registro de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cualquier autoridad que ahonde en el tema podrá comprobar que muchos de los beneficiarios de las Pensiones Doradas fueron registrados por el Poder Legislativo ante el IMSS unas semanas antes de que concluyera la pasada legislatura y no tienen antecedentes laborales registrados ante dicha institución.

Pieza clave en esta estafa es la diputada Silvia Irra; afirman quienes observaron de cerca el proceso que en su oficina se armaron (y/o vendieron) los expedientes de muchas personas allegadas a los diputados: familiares, amigos y colaboradores que representaban un compromiso político y a quienes en su mayoría les concedieron jubilaciones de hasta 70 mil pesos mensuales. El operador de la diputada Irra, cuentan los que saben, fue su brazo derecho, Ignacio Garay, quien personalmente jubiló a su esposa, a su padre y a sus compadres, aunque los primeros nunca laboraron en ninguna institución del estado.

Hace unos meses la secretaria de administración del gobierno estatal Mirna Zavala se refirió al tema de las jubilaciones y destacó la enorme carga financiera que representan para el estado; los propios diputados integrantes de la 54 legislatura han dicho que actuarán en contra de quienes violaron la ley para obtener el beneficio y que se castigará a quienes, como la ex directora de recursos humanos Karina Arteaga, participaron en el fraude. La propia Fiscalía Anticorrupción ha iniciado procesos legales contra varios sujetos y muchos de los jubilados ya recurrieron al amparo.

El desgaste público de la 54 legislatura de Morelos es enorme, sus conflictos internos, la falta de resultados, los escándalos y el retraso en la agenda parlamentaria los tiene en una situación crítica de cara al siguiente proceso electoral.

Retomar el tema de las jubilaciones y actuar de manera contundente contra quienes fraguaron, operaron y se beneficiaron de un fraude que cada mes cuesta millones de pesos al erario les retornaría un poco de la confianza perdida.

Les conviene hacerlo y nos beneficia a todos que lo hagan.

• nota

A través de su representación legal el partido Movimiento Alternativa Social presentó ante las autoridades electorales un recurso de reconsideración para quitarle el registro al PES como partido político en Morelos; las razones que arguye el MAS es que en la pasada elección Encuentro Social solo compitió con candidatos propios en 6 municipios y dos distritos, lo cual va en contra de la legalidad.

La Ley General de Partidos Políticos dice que las instituciones políticas que participen en una contienda electoral deberán presentar candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos en disputa; además suponen que con la campaña nacional de afiliación del Partido Encuentro Solidario, es probable que el Partido Encuentro Social de Morelos se haya quedado sin el mínimo de militantes que necesita para conservar su registro.

Sin embargo habría que considerar que los tiempos para la impugnación de tales circunstancias puede estar vencido y tomando en cuenta que en materia electoral los tiempos son fatales, hay tesis y jurisprudencias que refieren que la participación de un partido político en una coalición o en alguna manera de convenio en una elección anterior se considera como una participación válida para todos los partidos que intervienen de tal acuerdo.

Es evidente que muchos comienzan desde ahora a atacar al partido del gobernador, pero tomando en cuenta lo que establece la ley electoral es previsible que la impugnación del partido Movimiento Alternativa Social contra el Partido Encuentro Social no prosperará.

• post it

La escena que nunca ocurrió:

• Les presentamos a nuestro nuevo partido político: Morelos Progresa; Veminos a hacer una política distinta, en beneficio de la gente.
• ¿No son ustedes los aliados de Graco?
• ¿Ya vieron nuestros zapatos fosfofosfo?

• redes sociales

El PAN está en condiciones de competir y ganar la elección en la capital, la clave es que se pongan de acuerdo y no se dividan.

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