Se realiza un diagnóstico de la población LGBTIQ+

La Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de Morelos, encabezada por Silvia Salazar Hernández, a través de la Dirección General de Comunidades de Atención Prioritaria e Inclusión, inició el proceso de análisis y evaluación para identificar las necesidades de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ en Morelos.

Al respecto, César Guerra García, director general de Comunidades de Atención Prioritaria e Inclusión, informó que el “Diagnóstico Situacional de la Población LGBTIQ+ en el Estado de Morelos 2025” servirá como base para la planificación estratégica y generar políticas públicas más justas e inclusivas. 

Los resultados de este proceso, que se estará llevando a cabo en el último trimestre del 2025, buscan impulsar el bienestar y la igualdad, mediante la participación de la comunidad en una encuesta en línea, a la cual podrán acceder a través del código QR o de la página https://sire.morelos.gob.mx/r/diagnostico-situacional-de-la-poblacion-lgbtiq-en  

Asimismo, durante la primera semana de este ejercicio se ha trabajado con grupos focales en los municipios de Yecapixtla, Tepoztlán, Jantetelco, Jojutla y Tlaltizapán. La interacción entre los participantes es clave, ya que estimula nuevas ideas y revela perspectivas diversas; además, ayuda a identificar las condiciones de vida de este sector de la población en cada municipio, así como conocer sus propuestas.

Con estas acciones, el Gobierno de Margarita González Saravia impulsa la participación de las personas que pertenecen a comunidades de atención prioritaria para diseñar estrategias que atiendan sus necesidades.

En México, las autoridades han implementado diversas acciones para proteger y promover los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Una de las medidas más destacadas es la aprobación de la Ley de Identidad de Género en 20 estados del país, que permite a las personas transgénero cambiar su nombre y género en documentos oficiales sin necesidad de procedimientos médicos obligatorios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha jugado un papel fundamental en la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. En 2022, la Corte reconoció el derecho de las infancias trans a rectificar su género en las actas de nacimiento, lo que constituye un avance significativo en la lucha por la igualdad y la no discriminación.

La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que busca erradicar las terapias de reorientación sexual, conocidas como Ecosig, que son consideradas una forma de violencia y discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. Estas terapias han sido ampliamente criticadas por su falta de base científica y su potencial para causar daño psicológico a las personas que las padecen.

En materia electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha implementado acciones afirmativas para garantizar la participación de la comunidad LGBTIQ+ en los procesos electorales. Por ejemplo, se han establecido cuotas para la inclusión de personas LGBTIQ+ en las candidaturas y se han implementado programas de capacitación para sensibilizar a los funcionarios electorales sobre la diversidad sexual y de género.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también ha lanzado iniciativas para promover y defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La SRE ha impulsado campañas de sensibilización y recaudación de fondos para apoyar a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de los derechos LGBTIQ+.

En el ámbito educativo, se han implementado programas para prevenir la discriminación y promover la inclusión de la comunidad LGBTIQ+. Estos programas buscan crear un entorno escolar más seguro y respetuoso para todos los estudiantes, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, decretada en 2003, es una herramienta fundamental en la lucha contra la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. Esta ley establece las bases para prevenir y eliminar la discriminación en todos los ámbitos de la vida nacional.

En 2023, Nuevo León se convirtió en el último estado en aprobar el matrimonio igualitario, lo que significa que el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en todo México. Esta medida ha sido un paso importante hacia la igualdad y la no discriminación.

Las autoridades mexicanas también han implementado programas para abordar la violencia y la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. El Programa Nacional de Prevención de la Discriminación de Género es un ejemplo de estos esfuerzos, que busca prevenir y atender la violencia y la discriminación hacia las personas LGBTIQ+.

La sociedad civil también ha jugado un papel importante en la promoción de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Organizaciones como el Colectivo Solecito y la Cruz Roja Mexicana trabajan para apoyar a las personas LGBTIQ+ y promover la inclusión y la no discriminación.

La visibilización de la comunidad LGBTIQ+ es fundamental para promover la comprensión y el respeto hacia esta comunidad. Las autoridades mexicanas han realizado esfuerzos para visibilizar la diversidad sexual y de género, lo que ha contribuido a crear un entorno más inclusivo y respetuoso.

La colaboración entre las autoridades y la sociedad civil es esencial para promover los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La creación de programas y políticas que involucren a la sociedad civil puede ayudar a garantizar que las necesidades y preocupaciones de la comunidad LGBTIQ+ sean atendidas de manera efectiva.

La protección de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ es un desafío constante que requiere la atención y la acción de todos los sectores de la sociedad. Las autoridades mexicanas deben seguir trabajando para garantizar que los derechos de la comunidad LGBTIQ+ sean respetados y protegidos.

La comunidad LGBTIQ+ en México ha experimentado una transformación significativa en términos de desarrollo, inclusión y visibilidad. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer para lograr la plena igualdad y no discriminación.

La construcción y protección de los derechos humanos en relación con el género y la sexualidad son procesos complejos que requieren una constante vigilancia y acción. Es fundamental que las autoridades y la sociedad civil sigan trabajando juntos para promover y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+.