Resistencia de Huexca desafía a López Obrador
Exponen que el mandatario ¨miente¨ en torno a la termoeléctrica. A la vez, lo acusan de represor
Juan Lagunas
El presidente de la República “miente” en torno a la termoeléctrica de Huexca. Comete, además, una “represión violenta” en contra de la resistencia. Sólo se ha resuelto el ocho por ciento de los 17 amparos; existen seis suspensiones vigentes.
Así lo afirmó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Expuso que el jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, utiliza su “posición” para “mentir, manipular y violar la ley”, con el objetivo de “… impulsar un proyecto que hemos demostrado los pueblos afectados, tanto desde lo legal como en lo ambiental, los graves daños que traerán a las personas y a los territorios que habitamos cerca del volcán Popocatépetl”.
Asimismo, ponderaron que los procesos legales no están resueltos (como lo afirmó el mandatario). Dentro del “Proyecto Integral Morelos de los 17 amparos activos”, en el primer semestre del 2020, se mantienen 15 amparos; sólo el 8.5 por ciento se ha resuelto de “manera definitiva”.
Los dos que declara la Secretaría de Gobernación, representan dos de ocho suspensiones que se resolvieron de una manera muy cuestionable. Actualmente, existen al menos tres suspensiones, lo que “impide el uso del agua para la termoeléctrica de los ejidos de Moyotepec, Tenextepango y Valle Velazquez”.
Aclararon que estas acciones “impiden” la descarga de las aguas de “purga” de la termoeléctrica.
A la vez, recalcaron que el “sobreseimiento” -que habla la Secretaría de Gobernación-, basado en el trabajo “muy profesional” de un perito en hidrología, es “todo lo contrario”; se trata de un “problema de conflicto de intereses que el Tribunal Colegiado negó reconocer de manera grave, aun observándolo”.
Adujeron que “el perito oficial del amparo de San Juan Ahuehueyo” estaba en “Conagua”, es decir, en la autoridad reclamada, “por lo que no podía fungir” como esta figura oficial, “… trabajando para una de las partes”.
Adujeron que, en suma, sigue vigente el 91.5 por ciento de los amparos y por acordar el desahogo de pruebas periciales en “muchos de ellos”.
Concluyeron que, en este caso, se están utilizando las estructuras de poder para “violentar la ley y los derechos de los pueblos, gritando en cadena nacional mentiras sobre la legalidad, para disfrazar la ilegalidad real”:
