Observador político - La cruda realidad en los penales de Morelos

En el penal de Atlacholoaya, al igual que en otros centros penitenciarios del estado, la situación se asemeja más a un caos organizado que a un sistema de justicia: Tráfico de drogas, armas, extorsiones y violaciones a los derechos humanos se han convertido en la norma, mientras las familias de los internos son víctimas de un sistema que parece haberse rendido ante la criminalidad. Durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco, esta realidad fue ignorada, dejando a los reos a merced de un entorno de violencia e impunidad.

PROMESAS VACÍAS Y CORRUPCIÓN.- La reciente muerte de una persona privada de la libertad  durante un motín ha sacado a la luz la urgente necesidad de abordar estas problemáticas. A raíz de este suceso, la gobernadora Margarita González Saravia ha prometido luchar contra la corrupción en las cárceles y humanizar el sistema penitenciario, sin embargo, estas declaraciones suenan más a una respuesta política que a un compromiso real con los derechos humanos y la justicia.

Es crucial cuestionar la efectividad de estas promesas. ¿Qué ha impedido que gobiernos anteriores, incluido el actual, tomen acciones contundentes frente a la corrupción endémica en los penales? La historia reciente nos muestra que la corrupción no es solo un problema administrativo, sino un engranaje que perpetúa la violencia y la explotación de los más vulnerables y que se indica, que hasta la maña está metida en todos los procesos que hay en el penal de Atlacholoaya con la presunta complicidad de las autoridades que recientemente fueron destituidas.

La gobernadora ha mencionado un plan específico para erradicar la corrupción y humanizar las cárceles, y ha prometido resultados en los primeros 100 días de su gestión. Pero, ¿acaso no son estas declaraciones un eco de promesas similares hechas en el pasado? La humanización de los espacios penitenciarios y la dignificación de los internos son objetivos loables, pero sin acciones concretas, estas palabras corren el riesgo de convertirse en una cortina de humo.

La responsabilidad de garantizar la seguridad y los derechos de las personas privadas de su libertad recae no solo en el gobierno, sino también en la sociedad, por eso es fundamental que la ciudadanía exija rendición de cuentas y actúe como un contrapeso frente a un sistema que ha demostrado ser incapaz de cuidar de sus más vulnerables.

VIGILANCIA COLECTIVA.- La situación en los penales de Morelos no puede abordarse únicamente desde la perspectiva gubernamental, de ahí que es imperativo que la ciudadanía se convierta en un actor activo en este proceso de transformación, los legisladores y los magistrados y jueces del Poder Judicial, sobre todo por la forma en cómo muchas veces gente inocente está en las cárceles y por otro lado, peligrosos delincuentes son liberados bajo cualquier pretexto o “cañonazo de dinero” que se pudiera entregar, como muchas veces se ha denunciado.

Las denuncias de abusos y la presión social son herramientas poderosas que pueden forzar al gobierno a cumplir sus promesas; de ahí que la historia nos ha enseñado que, sin una vigilancia constante, las buenas intenciones pueden diluirse rápidamente en un mar de impunidad por lo que los colectivos de derechos humanos, las organizaciones civiles y medios de comunicación juegan un papel crucial en este entramado. Hoy, lo trascendental es que se ha visibilizado de los abusos y su capacidad para documentar violaciones a los derechos humanos son fundamentales para mantener la presión sobre las autoridades. El caso de Atlacholoaya es solo uno de muchos; sin embargo, cada historia de abuso debe ser contada y amplificada; cada voz que se levanta contra la corrupción es un paso hacia la construcción de un sistema más justo.

PENSIONES DORADAS Y LA IMPUNIDAD EN MORELOS.- En el 2019, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos lanzó una operación para investigar las “pensiones doradas”, ese fenómeno que ha marcado a la política local con tintes de corrupción y favoritismo. Con la formulación de imputaciones contra Denya "N", una ex trabajadora del Congreso, se evidenció un sistema que, desde sus entrañas, alimentó el abuso y el fraude. Sin embargo, tras años de investigaciones y promesas de justicia, nos encontramos ante un panorama desalentador.

El caso de Karina Arteaga, esposa del exdiputado Julio César Solís Serrano, es un claro ejemplo de cómo los hilos de la impunidad siguen tejiendo un manto de protección para los privilegiados. A pesar de haber sido señalada por expedir constancias de antigüedad fraudulentas, logró “librar” acciones legales, todo gracias a un “criterio de oportunidad” que, más que una herramienta de justicia, parece un salvoconducto para quienes están conectados al poder y éste se dio justamente cuando Julio César, dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano era diputado y presidente de la Comisión de Seguridad.

En su momento, la defensa del Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, resultó desconcertante al asegurar que se busca ir tras los autores intelectuales de las pensiones, en lugar de aquellos que las recibieron, por lo que se perpetúa la idea de que los altos mandos no deben rendir cuentas. Su intento de justificar la falta de acción contra Arteaga, argumentando que su cooperación permitió implicar a otros, es un intento de disfrazar un sistema que, en lugar de perseguir la justicia, prioriza la protección de los cercanos al poder.

El mensaje es claro: la corrupción se castiga, pero solo si eres un peón en este juego. Las palabras de Juan Salazar, defendiendo al exdiputado Julio César Solís de las críticas por sus reformas, nos recuerdan que en Morelos, la lealtad política puede más que la ética. En un contexto donde la ciudadanía exige justicia, los esfuerzos del Fiscal parecen más un intento de mantener las apariencias que de ofrecer soluciones reales.

Las “pensiones doradas” no son un asunto menor; son el reflejo de un sistema que permite el abuso de poder y la falta de transparencia; la lucha contra la corrupción debe ser integral y sin distinciones.

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