Multas y arrestos por cubrebocas, abuso a derechos humanos: Gatell
Anuncio de Cuernavaca contradice política estatal y federal
Héctor Rangel Terrazas 
Recurrir a multas y penas corporales por no usar el cubrebocas, en espacios públicos abiertos, es una medida que implica abuso a los derechos humanos y crea tensión social, dijo el 12 agosto pasado el subsecretario federal de Prevención, Hugo López-Gatell, ante las medidas desesperadas asumidas por algunos alcaldes y gobernadores que no han podido controlar la pandemia por covid-19.
Las secretarías de Salud de Morelos y federal, autoridades responsables de los lineamientos generales que deben asumirse frente el crecimiento de la enfermedad referida, han rechazado tajantemente en incontables ocasiones el uso de medidas coercitivas, que no sólo incluyen multa sino también castigos corporales, como arrestos, para quienes no utilizan el cubrebocas.
López-Gatell criticó a las autoridades que pretenden culpar únicamente a la población por el descontrol del covid:
"Cuando se hace responsable a la persona por lo que ocurre a los demás con carácter obligatorio, se establece cohesión por parte de la fuerza del Estado, no necesariamente a la fuerza pública... Eso, en un país que ha sido asolado por abusos de autoridad, por actos de violación de los derechos humanos, por violencia social muy lamentable, puede resultar en enorme riesgo", enfatizó durante la conferencia de prensa sobre la pandemia en la fecha referida.
Cuando en Oaxaca el gobierno estatal pretendió asumir medidas de castigo contra la población por el mismo motivo, el juzgado Décimoprimero de Distrito en esa entidad echó para atrás el decreto del gobierno de Alejandro Murat, por el cual imponía multas y cárcel a las personas que no usaran cubrebocas, presuntamente para intentar detener el esparcimiento del mal.
En esa ocasión, dentro del juicio de amparo otorgado al grupo Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos "Gobixha", el juez determinó que "a ninguna persona se le puede arrestar por no usar cubrebocas durante la contingencia sanitaria por coronavirus".
En Chihuahua, los legisladores morenistas se opusieron a una determinación similar, dada su inconstitucionalidad, impuesta por el Ejecutivo de esa entidad, con la que también se castigará a quien no use el polémico implemento.
