Morelenses, 5as más asiduas en abortar en CDMX
Ante inacción del Legislativo, en promedio va una cada 8 días
Héctor Rangel Terrazas 
Ante la inacción y desinterés de los diputados morelenses, como los de la 55 Legislatura, las mujeres de la entidad que deciden interrumpir legalmente un embarazo siguen debiendo trasladarse a la Ciudad de México para la intervención médica correspondiente.
Las locales son las número 5, cuantitativamente, en ese renglón en el país, según las estadísticas oficiales del gobierno de Claudia Sheinbaum, hasta el 31 de agosto pasado.
Fue a finales de abril de 2007 cuando, en la capital del país, se hizo legal esa práctica allá. Desde entonces y hasta el último día del mes pasado, 974 morelenses han acudido a esa opción para, de forma legal (sin riesgo de prisión, como pasa hoy en Morelos) y con certeza médica, no continuar con un embarazo.
Ello implica que, en promedio, cada 8.3 días una morelense ha tenido que viajar a la principal ciudad del país para tener esa opción gratuita, sanitariamente segura, y que no implica la comisión de un delito.
Por obvias razones, las capitalinas son las que, de forma abrumadoramente más copiosa, han recurrido, en el mismo periodo, a esa oportunidad que han brindado los gobiernos de izquierda en aquella urbe. En el período referido, 173 mil 868 de ellas han detenidos o embarazo con seguridad médica y legal en su tierra.
Después de ellas, vienen las del Estado de México (69 mil 30), Puebla (1 mil 586) e Hidalgo (1 mil 377).
Las de Morelos, que están cerca de implicar un millar desde hace 15 años, cuando se tiene esa posibilidad allá, son las número 5, cuantitativamente, en dicho renglón, con la cantidad referida.
Se evidencia que la cuestión geográfica implica un factor para asumir esa determinación, pues aunque la práctica en sí misma es gratuita por parte del gobierno de la Ciudad de México, se deben costear gastos de traslado y, acaso, hospedaje.
Lo anterior se puede corroborar con la situación de las campechanas, sólo 16 de las cuales han acudido en estos 15 años a dicha alternativa (prácticamente, una cada año, en promedio).
Por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todas las legislaturas locales que no lo hayan hecho (la gran mayoría) deben ajustar sus legislaciones para despenalizar el aborto.
Las de entidades como Morelos han sido omisas y mostrado comodidad y desinterés al no abordar el asunto polémico, el cual posponen indefinidamente. Esto, sin importar a los legisladores (muchas diputadas incluidas) los riesgos médicos y legales en que hacen incurrir a innumerables mujeres, según han criticado y documentado diversos colectivos en los últimos años.
