La justicia en vilo y el Congreso en su laberinto

“Ahí está toda la cuestión. Él se que se adhiere a una ley no teme al juicio, que vuelve a colocarlo en un orden en el que él cree. Pero el mayor de los tormentos humanos consiste en que lo juzguen a uno sin ley(...) ”

Albert Camus, La Caída.

De entre toda la profusión de filtraciones sobre el caso Lozoya, que ahora sabemos que son inducidas por la defensa, llama la atención la que se refiere al cuarto de guerra que se instaló en el piso 45 de la Torre de Pemex en los tiempos en que se trabajaba en la aprobación de la reforma energética.

De acuerdo con esta filtración, en el war room de Lozoya sobresalía una fotografía enorme de conjunto de los 500 diputados federales y de los 128 senadores que en ese tiempo discutían la reforma y cada una de ellas tenía un pegote de color con una leyenda según correspondiera: el color verde para a los votos seguros, el amarillo a los que había  que convencer y el rojo a los que jamás accederán.

A este misma serie de filtraciones pertenecen las anécdotas sobre las cajas fuertes repletas de dinero en efectivo de Lozoya, las bolsas Louis Vuitton en las que se entregaban los sobornos a los legisladores, y los viajes en aviones de la fuerza aérea mexicana para entregar millones de pesos en efectivo para ganar elecciones locales.

Dije al principio que llama la atención la profusión de las filtraciones del caso Lozoya, no solo porque como se ha publicado ya parece ser una estrategia de la defensa del ex director de Pemex encabezada por el famosísimo jurista español Baltasar Garzón, sino porque ha desnudado una de las prácticas más despreciables de la clase política mexicana, que es la venta de los votos de los legisladores, para aprobar y rechazar leyes, nombramientos, juicios políticos y demás según convenga y según sea la paga.

No tengo  la información exacta de la data de esta tan vergonzosa como añeja práctica, pero sí sé, con sus honrosas excepciones, que se volvió connatural al ejercicio de la labor legislativa. Se naturalizó tanto que ya no se apreciaba como lo que es: un delito, un atentado al más elemental sentido de la ética y un atropello a la confianza de los ciudadanos.

En Morelos tengo noticia, incluso de parte de quienes han sido protagonistas, de que después de la aprobación de una ley o un nombramiento que interesaba al ejecutivo, la recompensa económica era prácticamente automática y ni se diga las gratificaciones de los directamente interesados. Y también tengo noticia que es una práctica que no se ha erradicado.

Había incluso diputados y diputados que maltrataban al personal del ejecutivo designado para a entrega de los apoyos, por la cuantía o la lentitud de la entrega de los sobornos. Si, sobornos, hay que llamarlos por su nombre.

La esencia del Congreso es la representación popular y por ello descansa en sus hombros un sinnúmero de decisiones de gran trascendencia para la convivencia y el bienestar social, para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, para poner alto a la impunidad y a la injusticia, en fin decisiones que hagan de Morelos un mejor lugar para todas las personas.

La designación de los 6 magistrados que integrarán tanto el pleno del Tribunal Superior de Justicia como del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos, es una decisión en vilo.

Muchas voces se han levantado para llamar la atención de los legisladores y pedirles que hagan a un lado sus intereses y realicen nombramientos a la altura de lo que demanda la crítica situación que en este momento atraviesa el poder judicial del estado de Morelos.

También se ha dicho que será esta una decisión sólo del Congreso, pues al parecer no ha trascendido que el ejecutivo busque participar ni en las negociaciones políticas, ni en las transacciones económicas. Y esa es una buena noticia. Ignoro si producto de la buena fe o de la impericia.

Muchas voces se han alzado también para denunciar en redes sociales y en diferentes espacios de comunicación, lo que pareciera el inicio de arreglos en lo oscurito para poner las designaciones a subasta y también  líderes de opinión han preguntado públicamente ¿cuánto cuesta una magistratura?

Algunos personajes del ámbito judicial han expresado su temor de que ante la conformación de las nuevas mayorías en el Tribunal Superior de Justicia, desde ahí y con el pretexto de la carrera judicial, se intente recomponer con presupuesto institucional el equilibrio de fuerzas para que la facción que ahora se hizo con el poder, asegure una mayoría que le permita transitar sin contratiempos en el mandato que se inició con 9 votos el pasado 5 de mayo.

Para hacerlo realidad seguramente tendrían que tener en cuenta los atributos comerciales de algunos miembros de la legislatura, así como la capacidad de compra de los actores interesados en construir una nueva mayoría que garantice el continuismo.

Cualquiera de estas dos últimas consideraciones viola flagrantemente el mandato legal y constitucional a que están obligados los diputados y los juzgadores, pero sobre todo es una afrenta para las y los morelenses que quieren una representación popular que se legitime, no solo en sus votos sino en sus acciones y un sistema de justicia que haga realidad el derecho humano de acceso a la justicia.

Convendría que los protagonistas de este triller político en Morelos, reflexionen sobre las lecciones de ese caso emblemático de corrupción en México como lo es el caso Lozoya, y se animen a dar los primeros pasos para erradicar la vergonzosa práctica de los sobornos legislativos e inicien el camino a la dignificación y legitimación del poder legislativo, a la vez que ayudan a la transformación tan necesaria del sistema de impartición de justicia en el estado.