Griselda participó en dos asaltos a gasolineras; ya tiene sentencia
Redacción 
Al acreditar la Fiscalía Regional Metropolitana la responsabilidad de Griselda “N” en el delito de robo calificado cometido en contra de dos estaciones de servicio ubicadas en el municipio de Cuernavaca, la justicia oral dictó sentencia condenatoria en su contra.
Fue la noche del 24 de marzo del año 2020 cuando la hoy sentenciada en compañía de tres adultos y dos menores de edad llegaron a una estación de servicio ubicada en el poblado de Ahuatepec y con el uso de armas de fuego amagaron a los empleados a quienes despojaron del dinero de las ventas.
Posteriormente se dirigieron a otra estación de servicio ubicada sobre la autopista México–Acapulco, antes de la salida al fraccionamiento Tabachines, en donde amagaron al personal y robaron dinero producto de la venta, lesionando en el sitio a una empleada por disparo de arma de fuego.
Los participantes en los hechos fueron detenidos por elementos de la Policía Morelos y llevados ante el Ministerio Público, quien a su vez los presentó ante el juez de control, autoridad que calificó de ilegal su detención y por ello fueron puestos en libertad.
La Fiscalía Regional Metropolitana presentó un recurso de apelación por la resolución y obtuvo la orden de aprehensión en contra de los presuntos responsables, realizando la aprehensión de Inés Arturo, José Tomás y Andrés, quienes al acogerse a un procedimiento abreviado les fue impuesta una condena de dos años y ocho meses de prisión y al pago de multa y reparación del daño a las víctimas, autorizando la juez de la causa el sustitutivo de prisión preventiva, debiendo firmar los sentenciados cada mes.
De igual forma un adolescente partícipe en los hechos, le fue impuesta la condena máxima para menores infractores, por lo que le fue impuesta condena de cinco años de internamiento en el CEMPLA.
Por cuanto a Griselda “N”, de 29 años de edad, presunta integrante de un grupo criminal dedicado al robo de inmuebles y comercios, en audiencia respectiva le fue impuesta una condena privativa de la libertad de un año y ocho meses, 30 días de trabajo a favor de la comunidad y al pago de multa y reparación de daño a favor de las víctimas.
