Expuestos a trata, niños, indigentes e indígenas

La Comisión Nacional de Derechos Humanos urgió al gobierno de Morelos a garantizar el combate a la trata de personas, impulsando la prevención e identificación de las víctimas.  

Recalcó que los grupos “vulnerables” ante este fenómeno son: niños, personas en “situación de calle”, indígenas e integrantes de la comunidad lésbico-gay. 

Asimismo, enfatizó que las normas constitucionales y legales obligan a la protección de las personas. “Particularmente, en la prevención, combate y sanción de este crimen y sus finalidades, la detección e identificación de casos, así como la asistencia, atención y protección a las víctimas desde una perspectiva de derechos humanos”. 

Consideró que la procuración de justicia y el derecho a una reparación integral son objetivos que el Estado mexicano debe priorizar “cuando estamos frente a víctimas de trata de personas”. 

(El 30 de julio de cada año, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, con la finalidad de concientizar a la población sobre la situación de las víctimas de la trata de seres humanos y para promocionar y proteger sus derechos). 

Demandó, asimismo, la generación de políticas públicas en la prevención y combate a este delito, “tener en cuenta que los tratantes realizan diversas actividades para captar, trasladar, transportar, entre otras formas, a sus víctimas, utilizando, en algunos casos, el engaño, enamoramiento, falsas promesas de trabajo, ofertas atractivas, aprovecharse de una condición de vulnerabilidad”. 

Expuso que en el diagnóstico sobre la situación de la trata de personas 2019, se identificaron, por parte de las procuradurías y fiscalías de justicia, tanto federal como estatales, cinco mil 245 víctimas en materia de trata. Las mujeres y niñas representaron el mayor porcentaje, con el 85 por ciento, en comparación con los hombres y niños, que significaron el 15. 

“A nivel nacional, también se identificó que las autoridades no contaban con información del 72 por ciento de las víctimas respecto a su pertenencia a algún grupo en condiciones de vulnerabilidad”.   

Por lo que, en este sentido, “debe visibilizarse que las mujeres” y los menores, personas en situación de calle, discapacidad, adultos mayores, indígenas, comunidad LGTTTIQ+, entre otros, “se encuentran en condiciones de vulnerabilidad ante la trata de personas y la explotación”. 

De igual manera, se menciona que la mayoría de las víctimas identificadas lo fueron en el ámbito sexual y laboral, por lo que deben realizarse acciones “proactivas” de identificación de otros fines de explotación de este delito, establecidos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

Dijo que la “esclavitud, condición de siervo, mendicidad forzosa, utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, y experimentación biomédica ilícita en seres humanos, también constituyen fines de la trata de personas y formas de explotación que se encuentran tipificadas y sancionadas en la ley en la materia”.