El Ejecutivo federal critica a la Corte por caso Carmona

La Segob considera que existen motivos para un juicio

El Ejecutivo federal critica a la Corte por caso Carmona

A través de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Poder Ejecutivo federal mostró este jueves su inconformidad porque un juez no atendió la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar un proceso en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara y, en cambio, se lo está protegiendo con el argumento del fuero que, se dice, posee.

 

En un comunicado de la dependencia federal, se critica la determinación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió, por mayoría de votos, la controversia constitucional 15/2021, donde determinó que el fiscal general del estado de Morelos no puede ser procesado por la presunta comisión de delitos federales, debido a que cuenta con inmunidad o fuero constitucional.

 

La Segob dice que hay elementos suficientes para iniciar un proceso a Carmona Gándara, por delitos del fuero común, y de quien se presume su falta de probidad.

 

 Se reprueba la actuación del juez de control a cargo de la causa que no quiso atender la solicitud de la FGR de fijar fecha y ordenar la comparecencia del fiscal a la audiencia inicial.

 

Para la oficina de Bucareli, llama la atención que  la propia SCJN reconoce en su resolución que el fuero constitucional del fiscal sólo es aplicable para el caso de delitos federales, pero no asi de delitos del fuero común, "como es el caso de las carpetas de investigación atraídas por la FGR en su contra por la posible comisión de delitos contra la procuración y administración de justicia previstos en el Código Penal para el Estado de Morelos".

 

Gobernación recuerda que la FGR tiene facultades de investigar y perseguir delitos del fuero común en contra del fiscal de Morelos, y que este funcionario "no puede escudarse en el fuero constitucional para estos casos, como tampoco puede el juez de control ignorar su obligación de proceder conforme a derecho".

 

De esta manera, el Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría que atiende la política interior, considera inaceptable que impere la protección y la impunidad de las autoridades responsables de impartir justicia cuando está de por medio la seguridad y la protección de las personas.