Alfonso de Jesús Sotelo Martínez pende de un hilo
Podría ser destituido si no cumple con mandato de la SCJN, de dar cauce a pagos de pensiones de jubilados del TSJ
El Poder Legislativo sigue postergando esta obligación, sin ninguna respuesta taxativa
Juan Lagunas
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, podría ser destituido, en caso de que no cumpla con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de dar cauce a los pagos de las pensiones en favor de los jubilados del Poder Judicial.
El Poder Legislativo sigue postergando esta obligación, sin ninguna respuesta taxativa. El pasado viernes primero de octubre, la Corte puso un plazo de tres días hábiles, para autorizar la partida presupuestal -que esté destinada al pago de las pensiones antes citadas-. Esto, con base en la controversia constitucional 128/2017.
En diferentes entrevistas ante los representantes de los medios masivos de información, Sotelo Martínez admitió que sí estaban respondiendo, “puntualmente” a este ordenamiento que emerge del máximo tribunal del país; sin embargo, no se ha concretado.
De acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Morelos, se necesitan alrededor de 105 millones de pesos, para solventar este déficit, en el que se están viendo afectados diversos decretos jubilatorios.
En suma, la 54 Legislatura, inmersa en parálisis, no ha consensuado la partida presupuestal correspondiente -en el Presupuesto de Egresos-, para dar respuesta a esta demanda.
Los tres poderes están vinculados; es decir, el juzgado apercibió a Sotelo Martínez; a Verónica Cuevas López, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, y a Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador Constitucional del Estado. Este triunvirato sigue incólume, porque no satisfizo el tema.
Cabe decir que, con la siguiente fecha: 26 de enero de 2017, el juzgado demandó dar celeridad a este acto. Solicitó el cumplimiento al fallo. Entonces, Cuevas López adujo escasez de recursos.
En marzo de este año, esto se “constriñó” y, de inmediato, se dispuso la obligatoriedad de los tres poderes de Morelos. No obstante, las pensiones de servidores públicos adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, continúan así: sin pagarse.
Los 20 integrantes del parlamento actual se encuentran, en apego a la Ley, en una fase de “desacato”. Según versiones del Colegio Morelense de Abogados, éstos han subestimado la situación.
