Va bien el esfuerzo por dinero del año pasado
Igual que por el de jubilaciones: Gamboa Olea
Edmundo Salgado
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea, aseguró que hay avances importantes para que el Gobierno del estado otorgue ampliaciones presupuestales del ejercicio fiscal del año pasado, así como para el pago de jubilaciones.
Así lo dio a conocer luego de una reunión que sostuvo este jueves con autoridades del Poder Ejecutivo, en donde aseguró que uno de los temas por el cual se le tiene que otorgar más recursos al Poder Judicial, es debido a que hay órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el pago de jubilaciones y pensiones, las cuales suman la cantidad de 14 millones de pesos.
“Es posible el colapso de las finanzas en relación a pensiones y jubilaciones que no tenemos la posibilidad pues de cubrir, el sueldo de los pensionados y jubilados porque no tenemos el presupuesto, es por eso que me toca venir a mí a hablar a la Oficina de la Gubernatura, creo que hay la apertura y la sensibilidad y en esa parte estamos, el tema ahorita es que lo vamos a analizar con la Secretaría de Hacienda, sobre todo los casos muy particulares que la corte ya dijo que se nos tiene que dotar de ese presupuesto para ciertas pensiones y jubilaciones”, explicó.
Sin embargo, el magistrado dijo que también está pendiente la ampliación presupuestal que ordenó el máximo tribunal en el país para garantizar la autonomía financiera del Poder Judicial en el ejercicio fiscal del 2024, lo cual asciende a más de 340 millones de pesos.
“Ese también fue un tema el día de hoy (ayer) precisamente en la plática y estamos en las vías de darle cumplimiento a esa ejecutoria, pero hay una voluntad por parte del Poder Ejecutivo y que también están analizando de donde ellos van a tener ese recurso para poder destinar a esta cuestión, pero estamos trabajando, hay disposición y voluntad”, dijo.
Luis Jorge Gamboa Olea, concluyó al mencionar que en el Tribunal Superior de Justicia aún se analiza la posibilidad de interponer una controversia constitucional por este tema.
