Observador político - Uriel Carmona, en el banquillo de los acusados

El mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador -dicho por la hoy titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo-, no pudo quitar a Uriel Carmona Gándara de la titularidad de la Fiscalía General del Estado aun y pese a que fue imputado y vinculado a proceso por cuatro delitos. Uno de estos, el más grave, el presunto feminicidio de Ariadna Fernanda, la joven cuyo cuerpo fue localizado a un costado de la autopista La Pera-Cuautla en octubre de 2022.

LOS BLOQUES LEGISLATIVOS: G12 VS G8.- El vendaval que se le viene a Uriel Carmona Gándara es alarmante quien se mantiene firme y confía en quedarse en su puesto hasta el 2027, sin importarle las exigencias de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Margarita González Saravia quien ha reiterado que la ciudadanía clama por justicia y ante la ausencia de resultados en la procuración de justicia, el argumento es no solo un problema de gestión sino síntoma, de un sistema que sigue fallando a quienes más lo necesitan.

Hay que recordar que durante su campaña, Sheinbaum prometió abordar esta situación, pero hasta ahora sus palabras han quedado en el aire. Mientras, la gobernadora González Saravia ha sido clara en su crítica a Carmona: “el fiscal está desgastado desde hace mucho tiempo”. De ahí su llamado a los diputados de la Legislatura LVI para iniciar el proceso de remoción resuena con la urgencia de un cambio que la población ya no puede ignorar. Sobre todo, por la falta de acción ante el fracaso de la Fiscalía no solo perpetúa la impunidad, sino que también socava la confianza en un sistema que debería proteger a las y los ciudadanos.

Y ante estos constantes y cada vez más severos cuestionamientos de clamor por justicia que se intensifican, el titular de la Notaría 6 con licencia mantenga un silencio ensordecedor; esta situación refleja una profunda desconexión entre la política y la realidad que viven miles de morelenses. La promesa de una coordinación efectiva entre la Fiscalía y las fuerzas de seguridad es solo eso: una promesa vacía porque no está siendo integrado a las reuniones en las que sí asisten la mayoría de todos los involucrados del sector justicia.

González Saravia ha señalado reiterativamente la falta de resultados en los temas de justicia, un sentimiento que se repite en cada rincón del estado; por ello el descontento social que no puede ser ignorado, y la inacción ante esta crisis no solo es irresponsable, sino que también expone la fragilidad de un sistema que se dice comprometido con la justicia.

En un estado donde la violencia y la impunidad han sido protagonistas durante años, la falta de un liderazgo efectivo en la Fiscalía se convierte en un factor de desestabilización que afecta a todas las esferas de la vida pública; es inquietante que la gobernadora González Saravia, en su afán por exigir un cambio, se encuentre sola en su lucha por la justicia porque en el Congreso no hay quien la respalde de su grupo y aliados para hacer efectiva esa decisión.

SIN CONDICIONES EN EL CONGRESO PARA QUITAR AL FISCAL.-  Ante una encrucijada política que refleja no solo la complejidad de las alianzas en el poder, sino también la incapacidad de algunas figuras para entender la dinámica de su propio entorno es el que nos encontramos en el Poder legislativo. Sobre todo, por la reciente formación de dos bloques, el G12 y el G8, revela una fractura que pone de manifiesto la falta de coherencia y el dilema moral que enfrenta el estado de Morelos.

El G12, compuesto por diputados de Morena y sus aliados del Verde Ecologista y Nueva Alianza, está presionando para destituir al Fiscal Uriel Carmona Gándara, en respuesta a las demandas de la presidenta de México y la gobernadora de Morelos. Sin embargo, esta intención se topa con una realidad ineludible: necesitan 14 votos para lograrlo. El diputado Isaac Pimentel Mejía, en su intento de sumar apoyo, parece ignorar la historia reciente de su propia legislatura, donde el PT, bajo la dirección de Tania Valentina Rodríguez Ruiz, se ha mostrado como un aliado de la oposición, complicando así las esperanzas de una mayoría unificada.

Mientras tanto, el G8, conformado por Acción Nacional, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el PRI, se mantiene firme en su defensa del fiscal; este bloque ha manifestado repetidamente su oposición a la destitución de Uriel Carmona, un personaje cuyas acciones han estado bajo la lupa debido a una serie de fracasos y cuestionamientos en torno a la justicia en Morelos. Ellos quieren resultados y no solo como la canción de “quítate tú pa, ponerme yo”.

Cierto es que la impunidad en muchos casos emblemáticos como el asesinato de la diputada Gabriela Marín; el de Marco Alvear, presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) o la del compañero periodista Roberto Figueroa, es tan solo un recordatorio contundente de que la justicia sigue siendo una promesa incumplida para muchos morelenses.

El diputado Isaac Pimentel señaló que la salida del fiscal debe ser un proceso consensuado, sin embargo, esta búsqueda de consenso se presenta como una estrategia más de dilación que de resolución; por lo que la insistencia en llegar a un acuerdo unificado parece más un intento de lavar la imagen de un legislador que de verdaderamente abordar la crisis que se enfrenta.

La legitimidad del proceso de cambio en la fiscalía no debería depender de cálculos políticos, sino de la necesidad apremiante de justicia y seguridad para la población; la colaboración entre partidos es vital, pero no puede ser un pretexto para no actuar en consecuencia; la historia nos ha enseñado que el costo de la impunidad es demasiado alto, y que el momento de actuar es ahora.

Empero, el dilema entre los legisladores y la decisión que se tome respecto al futuro de la fiscalía puede ser un punto de inflexión, no solo para el estado de Morelos, sino para la credibilidad de nuestros representantes; la ciudadanía merece un sistema de justicia que funcione, y no otro capítulo más de la desidia legislativa. Es hora de que los diputados dejen de lado las disputas internas y se concentren en lo que realmente importa: la seguridad y el bienestar de quienes los eligieron.

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