Observador político - Rechaza la gobernadora Margarita los privilegios de magistrados de Morelos

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, se ha ganado la admiración de muchos por su postura clara y firme respecto a los abusos que se cometen en diversas dependencias de la pasada administración para que o queden impunes los presuntos delitos; pero además, también está enfocada en lo que ocurre en el Tribunal Superior de Justicia del estado, donde fue clara al rechazar los privilegios que buscan obtener los 22 magistrados pero en especial, los que fuero designados el año pasado y se quieren ir con las maletas llenas de dinero.

¿FIN A LOS PRIVILEGIOS DE REPRESENTANTES DE PODERES EN MORELOS? Tras el haber de retiro que se autoaprobaron recientemente los magistrados donde pese a la división y confrontación que mantienen desde hace casi un año, si se pusieron de acuerdo para autorizarse beneficios económicos en caso de que los corran y por eso, la gobernadora Margarita González levantó la voz en defensa de las finanzas públicas y, sobre todo, de la justicia social.

Diversos sectores, ante la indefensión de cómo se enriquecen algunos personajes con solo mantenerse por un tiempo corto, reducido en un cargo público como ocurre actualmente con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en Morelos no solo cuestionan esos actos sino exigen que se investigue y se frene esos abusos para lograr que se acaben con esos privilegios que aún en pleno siglo XXI siguen obteniendo algunos políticos dejando de lado la ética política.

Peor aúnes cuando se han autoasignado un retiro dorado que garantiza su seguridad económica de por vida, lo que en un sistema democrático y republicano resulta incongruente e incluso una afrenta a la ciudadanía; por lo que este tipo de decisiones no solo suponen un golpe a la moral pública, sino que también representan un costo desmesurado para el erario estatal.

De ahí que la gobernadora no solo ha reconocido el daño que esto puede causar a las finanzas del estado, sino que también ha sido muy clara al señalar que esos recursos deben destinarse a lo que realmente importa: la infraestructura, el agua y la seguridad, que son las prioridades de los morelenses.

El enfoque de González Saravia es directo y sin rodeos. Cuando se le pregunta sobre esta decisión de los magistrados, la gobernadora no duda en rechazarlo rotundamente al subrayar que los servidores públicos, independientemente de su rango, deben tener claro que no son intocables ni inmunes al escrutinio público. “Son servidores públicos, igual que todos nosotros”, afirmó, dejando claro que no existe justificación para privilegios desmedidos que afectan las finanzas de todos.

EXCESOS ECONÓMICOS A DEBATE.- Es inconcebible que burócratas con alrededor de 3 décadas de servicio, no han podido obtener una pensión digna, mientras que estos magistrados, muchos de ellos con menos de un año en el cargo, se aseguran de que su futuro económico quede garantizado a través de sumas millonarias. Este contraste es, por decir lo menos, indignante, y es precisamente en este punto donde la postura de la gobernadora toma relevancia.

De aquí que urge que líderes y representantes populares como González Saravia demuestren que, si bien llegó al poder con el respaldo de más de medio millón de ciudadanos en Morelos, su misión no es otra que la de representar a los morelenses, especialmente a aquellos que viven en situación de pobreza o extrema pobreza, y a quienes se les deben derechos laborales y sociales. Mientras algunos se aferran a la perpetuidad del poder judicial como si fuera un espacio exclusivo para unos pocos privilegiados, ella se posiciona como una defensora de los derechos de los trabajadores y los más vulnerables.

El reclamo de la gobernadora de Morelos no es aislado ni superficial. Es un llamado a la reflexión ética sobre el uso de los recursos públicos y sobre la moralidad en el ejercicio del poder. En un momento en el que se discute el destino de las finanzas estatales y la sostenibilidad del presupuesto, la crítica de Margarita González resulta no solo pertinente, sino urgente. El dinero del pueblo debe destinarse a lo que verdaderamente mejora la calidad de vida de los ciudadanos, no a garantizar el bienestar perpetuo de unos pocos.

TSJ DE MORELOS, ENTRE IMPUNIDAD Y DESPOJO DE RECURSOS PÚBLICOS.- Mientras miles de ciudadanos enfrentan una crisis económica sin precedentes, con pensiones miserables y salarios que no alcanzan para cubrir lo más básico, un pequeño grupo de 22 magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Morelos ha decidido garantizarse un futuro dorado.

La inmoralidad de esta decisión no solo es ética, sino que, además, plantea serias dudas sobre la legalidad de los procedimientos que están siguiendo; en lugar de garantizar el acceso a la justicia y velar por el bienestar común, estos jueces se ocupan de asegurar un "haber de retiro" que les permitirá recibir, de por vida, el 70% de un salario de más de 100 mil pesos al mes. Esta es una de las muchas contradicciones en un sistema judicial que debería servir al pueblo y no a los intereses de unos pocos.

Con la publicación de la Reforma Judicial a nivel federal, que establece un proceso de reestructuración del Poder Judicial en todo el país, los magistrados del TSJ de Morelos han actuado de forma preventiva y egoísta ante el temor de ser destituidos con las nuevas modificaciones, decidieron modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial local para asegurarse de que los compromisos relacionados con sus pensiones millonarias se sigan cumpliendo, incluso a costa de las finanzas públicas de un estado que ya lucha por atender las necesidades básicas de su población.

Según las palabras de Omar Alexandro López Ortiz, presidente de la Asociación de Ministerios Públicos y Exagentes del Ministerio Público de Morelos, el TSJ necesitará hasta mil 700 millones de pesos para cumplir con esos compromisos. La pregunta que surge es: ¿de dónde saldrán estos recursos? ¿De las arcas públicas, que ya están resintiendo los efectos de un sistema de salud y educación colapsado? O peor aún, ¿de un pueblo que ha visto recortados sus derechos y servicios mientras estos magistrados, al margen de las necesidades de la gente, se garantizan una vejez tranquila y costosa?

Lo más alarmante es que las decisiones que están tomando los magistrados no solo son inmorales, sino que parecen estar bordeando lo ilegal. El Congreso local deberá aprobar una ampliación del presupuesto para cubrir estos gastos, lo que evidencia una vez más la manera en que el sistema judicial, en lugar de ser un agente de justicia social, se convierte en un aparato que perpetúa las desigualdades y beneficia a los que menos lo necesitan. Si bien la Reforma Judicial a nivel federal promete mejorar la calidad y eficiencia del Poder Judicial, en el caso de Morelos, esta "armonización" parece servir como pretexto para blindar los intereses de unos pocos.

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