Observador político - Inician acuerdos para destrabar el conflicto legislativo

La salida del gabinete gubernamental del nefasto José Manuel Sanz al igual que la de Pablo Ojeda Cárdenas fue fundamental para que, con la llegada de Mónica Boggio Tomasaz Merino como titular de la Oficina de la Gubernatura y sobre todo, Samuel Sotelo Salgado al frente de la Secretaría de Gobierno, se hayan dado los primeros pasos para resolver los conflictos políticos que se habían agudizado con el Legislativo.

ENCUENTRO.- La reunión que tuvieron los integrantes del G11 con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo se realizó, previo a la que sostuvieron anteriormente los mismos legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza con el secretario de gobierno, Samuel Sotelo Salgado, con quien acordaron y pactaron reunirse en palacio de gobierno. Fue en un restaurante de Vista Hermosa donde se dieron los primeros acercamientos para destrabar un conflicto político que amenazaba con incrementarse de manera peligrosa.

Hay que mencionar que los servidores públicos deben de colaboran entre sí e incluso propiciar un trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, con la finalidad de generar una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y ofrecer confianza a los ciudadanos en sus instituciones. Algo que prácticamente no tomaron en cuenta ni Pablo Ojeda y mucho menos José Manuel Sanz Rivera.

Más aún, porque no había una colaboración entre sí y jamás tuvieron interés en  propiciar un trabajo en equipo, con planes y programas gubernamentales para generar una plena vocación de servicio, en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones, por ello, se intensificó el conflicto con el Legislativo porque no le apostaron jamás al diálogo, al acuerdo ni a destrabar los conflictos que fueron escalando de manera alarmante.

EL ENFRENTAMIENTO.- En los primeros meses los actuales legisladores sorprendieron con las sesiones constantes y permanentes, con los 20 siempre participando dejando de lado lo que habían hecho en tres años los de la 54 y de pronto, empezaron a analizar temas espinosos que lastimaron al gobierno del estado como ocurrió con el presupuesto. Al final no se aprobó.

Luego vino la intención eliminar la reasignación de las partidas presupuestales porque se creyó –y es real- que esta es una atribución del Poder Legislativo y por ello, anunciaron que le retirarían al gobernador Cuauhtémoc Blanco la cláusula “de libre transferencia”. Esta decisión provocó una reacción de inmediato, y en su momento fue Mónica Boggio Tomasaz Merino, quien estaba al frente de la Secretaría de Hacienda, la que argumentó que “si el Ejecutivo no contara con la cláusula de libre transferencia se perderían recursos federales, como el caso del Insabi, al que la federación destinó recursos por mil 50 millones de pesos, los cuales se habrían perdido si Morelos no contara con la libertad para reasignaciones presupuestales, que le permitieron hacer su correspondiente aportación de 550 millones de pesos en 2021”. Y al final, dejó en claro que de no contar con el amparo de la cláusula, las trasferencias podrían ser tipificadas como un ejercicio indebido de recursos públicos, lo que pondría en aprietos legales y jurídicos al Ejecutivo.

Pero hubo más. Los diputados del grupo parlamentario del PRI, presentaron una iniciativa para operar 540 millones de pesos a través de la creación de un Fondo de Bienestar para los Morelenses, y muchos de estos recursos serían administrados por los legisladores para apoyar a los sectores más necesitados tras el argumento de que no se estaba haciendo nada. “El fondo se aplicará para atender las necesidades de la población en los aspectos social y económico tras los daños generados por la pandemia del Covid-19, argumentó el priista Eliasib Polanco Saldívar.

G11 vs G8.- El punto de enfrentamiento fue cuando el grupo mayoritario decidió quitarle a sus iguales de Morena, Partido del Trabajo, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Social todas sus comisiones y la Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado, por lo que a partir de ahí las cosas se tornaron más complicadas. Se acusaron mutuamente los legisladores de violencia política de género y muchas otras cosas, en las que incluso, se dio la intervención de la Fiscalía Anticorrupción para resguardar las oficinas de la JPyG que se mantienen así hasta la fecha.

Al final, hoy no debe haber vencedores ni vencidos. Los diputados como el gobernador deben de entender que el diálogo y los acuerdos tienen que prevalecer por el bien e interés común de los ciudadanos que fueron quienes les dieron sus votos. Desatorar los pendientes y reactivar la vida legislativa que sigue trabada desde hace medio año. Hoy, con estos primeros pasos es vital, trascendente incluso en sus aspiraciones políticas porque tendrán más tiempo para hacer proselitismo político a través de sus actividades legislativas y encuentros con diversos sectores de la ciudadanía.
Es tiempo de que los señalamientos y acusaciones de acciones y movimientos turbios, delicados y cuestionados sigan su curso y se lo dejen a las autoridades ministeriales tanto locales como federales y se dediquen a la reactivación del trabajo legislativo pero pensando en favorecer al olvidado y necesitado pueblo de Morelos.

Accione s de actores del pasado que han decidido regresar a la vida política demuestran que el proceso de sucesión gubernamental ya inició y por tanto, hoy aquellos personajes que se mencionan como posibles contendientes a diversos cargos de elección popular, han empezado a tener reuniones, los desayunos masivos son más frecuentes cada vez más y las reuniones son ya la constante para evidenciar al electorado que son la mejor opción aunque para eso, falta todavía mucho.

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