Observador político - ¿Es Margarita un rayo de esperanza para Morelos?
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes
Durante décadas, Cuernavaca ha sido testigo de un ciclo pernicioso de descoordinación y abandono, fruto de las diferencias ideológicas entre los gobernadores del estado de Morelos y los presidentes municipales de la capital. Han pasado Sergio Estada, Manuel Martínez, Jorge Morales Barud, Adrián Rivera, Antonio Villalobos, Cuauhtémoc Blanco y José Luis Urióstegui y los conflictos se han agravado con los gobernantes como: Jorge Carrillo, Antonio Riva Palacio, Marco Adame Castillo, Graco Ramírez y ahora Blanco Bravo.
CUERNAVACA: UN CICLO INTERMINABLE DE ABANDONO.- Esta falta de armonía política ha tenido consecuencias devastadoras para la ciudad, dejando a sus habitantes enfrentando problemas cada vez más graves en cuanto a infraestructura, servicios y una gravísima y delicada inseguridad, que tiene al estado en los primeros lugares en delitos de alto impacto como ocurre en la actualidad.
El desinterés evidente por parte del Ejecutivo estatal en turno hacia Cuernavaca ha sido un factor crucial en el deterioro de la ciudad; la falta de inversión en obras y servicios públicos ha dado lugar a una infraestructura cada vez más deteriorada. Los baches en las calles son solo una manifestación visible de un problema mucho más profundo como ha sido la carencia constante y permanente del agua potable, al igual que la falta de mantenimiento y el abandono generalizado de las necesidades básicas de los ciudadanos.
La inseguridad, reitero, destaca como una de las consecuencias más alarmantes de esta descoordinación por lo que, en los últimos años Cuernavaca ha liderado las estadísticas de delitos de alto impacto, como feminicidios, secuestros y robos de vehículos. Esta situación no es un fenómeno aislado; el estado de Morelos, en su conjunto, también ha figurado en los primeros lugares en estas categorías de crimen; la falta de una estrategia coordinada entre los distintos niveles de gobierno ha sido un factor determinante en este aumento de la criminalidad.
La falta de coordinación política entre los líderes estatales y municipales ha impedido el desarrollo de políticas de seguridad eficaces y la implementación de medidas preventivas adecuadas; los conflictos políticos no solo han obstaculizado la colaboración entre las autoridades, sino que también han resultado en una falta de recursos y apoyo para enfrentar la creciente ola de criminalidad.
Lo cierto, es que resulta imperativo que se rompa este ciclo de abandono y descoordinación como lo ha propuesto y está dando visos de que así sea por parte de Margarita González quien, está demostrando que la sociedad no se equivocó al votar por ella para dirigir los destinos del estado porque está fortaleciendo el diálogo, los acuerdos con todos los sectores, actores y líderes políticos sin importar su ideología político partidista. Un ejemplo es Cuernavaca que está enfrentado con el actual gobierno de Morelos y que así ha sido en los últimos tres años, por lo que hoy, es tiempo de superar esos desafíos actuales, por lo que se requiere de una voluntad política genuina para trabajar en conjunto y priorizar el bienestar de la ciudad y sus habitantes.
La cooperación entre el gobierno estatal y municipal no solo es necesaria, sino urgente. La ciudad necesita soluciones integrales y efectivas que aborden tanto la infraestructura deteriorada como los altos niveles de inseguridad que hoy la aquejan.
EL DESAFIO DE LA GOBERNADORA ELECTA.- Se le ve contenta, alegre, disfrutando y sonriendo a cualquier hora del día, aprovechando cada minuto del tiempo para buscar empaparse de las diversas y complejas problemáticas que han echado raíces en la entidad, difíciles de solucionar y con una apatía que siempre existió pero que ahora, se están atendiendo sin siquiera tomar el poder… esto habla más que bien de Margarita González Saravia.
Nadie duda de que la descoordinación y el abandono es lo que ha marcado una herida profunda en la administración pública, exacerbada por la falta de comunicación y cooperación entre las distintas instituciones de seguridad, a manera de ejemplo, la separación existente entre la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, con sus respectivos centros de control C5 y C4, lo que ha creado un laberinto de confusión y desconfianza entre los ciudadanos. Esta desconexión no solo ha puesto en evidencia la ineficacia en la respuesta a emergencias, sino que también ha generado un clima de incertidumbre que afecta gravemente la seguridad y el bienestar de la población.
Frente a este panorama desalentador, la llegada de Margarita González Saravia como gobernadora electa ofrece un rayo de esperanza; su decisión de fomentar el diálogo y la cooperación con los presidentes municipales, sin importar sus inclinaciones ideológicas, representa un cambio fundamental en la dinámica política de Morelos; esta apertura al diálogo y al entendimiento intergubernamental no solo tiene el potencial de resolver conflictos históricos, sino que también puede sentar las bases para una gestión más eficiente y armoniosa de los recursos y servicios.
La capacidad de González Saravia para poner en marcha estos esfuerzos de reconciliación y colaboración es particularmente destacable dada la gravedad de los problemas que enfrenta el estado; la administración saliente ha dejado una herencia de corrupción, nepotismo y desinterés por el bienestar general, creando una situación donde la falta de voluntad política ha sido el principal obstáculo para enfrentar la creciente inseguridad y otros desafíos críticos.
Lo cierto es que el enfoque de la gobernadora electa en abordar estos problemas con seriedad y determinación es un contraste refrescante con los gobiernos anteriores que, en lugar de resolver los problemas, han exacerbado la situación con su falta de acción y su preocupación por intereses personales. González Saravia ha demostrado una disposición a enfrentar los desafíos, incluso aquellos que podrían parecer insuperables, como la alarmante tasa de criminalidad en Morelos que ni la Fiscalía General del Estado ni la Comisión Estatal de Seguridad Pública han logrado controlar eficazmente.
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