Legalizar aborto en primeras 12 semanas, plantea CDHEM
Demanda al Congreso abrir mesas de diálogo, con el objetivo de lograr el ¨convencimiento¨
Juan Lagunas 
La Comisión de Derechos Humanos de Morelos propone legalizar la interrupción del embarazo dentro de las 12 semanas de gestación, “que es como está permitido en la Ciudad de México y Oaxaca”.
Por ahora, refirió que, quien comete este acto, es privado de su libertad (con base en el Código Penal). Por tanto, afirmó que se debe “reconocer lo que existe en el ámbito internacional de los derechos (…) desde hace más de 50 años”. En ese caso, dijo que en la entidad se lleva ese medio siglo de “retraso”: “… se niega este derecho a las mujeres”, violándose los esquemas constitucionales de “salud, libertad de procreación, intimidad y libre desarrollo de la personalidad”.
El ombudsman, Israel Hernández Cruz, adujo que una reciente iniciativa (presentada junto con colectivos de féminas) prevé “actualizar el marco normativo de las autoridades sanitarias”; y, más adelante: “no desconocemos” las posturas ideológicas y religiosas.
Especificó que el Estado tiene que garantizar la existencia de “médicos aptos para realizar la interrupción de un embarazo, cuando así lo decidiere una mujer y, desde luego, respetando la objeción de conciencia”.
El tema no es una “novedad”, en función de que Morelos “poco a poco se sigue convirtiendo” en una de las entidades “más peligrosos para ser mujer”. La espiral violenta en contra de este sector se ha suscitado desde distintos “ámbitos”: laboral, civil, familiar, político y de la salud. Además, en el contexto de las “leyes que discriminan y que niegan los derechos”.
Las organizaciones de mujeres consideran que sí es posible avanzar en este tópico, siempre y cuando se dejen “los discursos” y se opte por “acciones concretas en favor de algo que se está negando y que se está violando”.
Acto seguido, habrán de convocar a los diferentes actores, con el objetivo de que los legisladores den cabida a esta discusión: “el trabajo de la comisión, la fiscalía (General del Estado), el Poder Ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia, está sujeto a los mandatos de la Constitución”. Así, expuso que el Congreso, en su momento, tendrá que generar mesas de diálogo: “la iniciativa está a disposición del público… Para que se sumen todas las instituciones y lograr el convencimiento”.
