Juicio contra Graco, vigente: Gobernación

El exmandatario es acusado de haber retenido recursos financieros en el 2018

Juicio contra Graco,   vigente: Gobernación
A pesar de la suspensión provisional (concedida por un juzgado), el juicio político contra el exgobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, no ha expirado.

A pesar de la suspensión provisional (concedida por un juzgado), el juicio político contra el exgobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, no ha expirado. 

Así lo confirmó la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Poder Legislativo local. Cabe decir que el exmandatario estatal es acusado de haber retenido recursos financieros (alrededor de 120 millones de pesos) programados para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), así como a la Fiscalía General del Estado (FGE) en el 2018. 

Conforme a la suspensión descrita, radicada en el expediente número 673/2020, el juicio de debe llevar su curso; empero, aquél solamente no podrá ser procesado hasta que le sea otorgado el amparo de manera definitiva. 

En caso de que el Juzgado Cuarto de Distrito niegue la protección judicial, entonces, el exjefe del Ejecutivo podrá ser sentenciado por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). 

En el mismo procedimiento, está implicada la excontralora, Adriana Flores Garza, quien también solicitó el amparo ante una instancia respectiva, misma que tendrá su audiencia de reconocimiento en los siguientes días. 

La demanda, insistió el órgano, no “limita” el procedimiento: “nosotros lo continuamos hasta en tanto una autoridad nos diga que no se puede hacer”; por ende, “estamos en la fase de los alegatos”. 

En ese caso, externó que el “alcance” del amparo no obstaculiza el recurso: “seré muy disciplinado en darle cauce”, conforme lo marcan los tiempos.  

Con base en la línea de los acontecimientos, es preciso explicar que en agosto de este año se hizo la notificación correspondiente (en el domicilio del acusado). El juicio fue entablado por parte del Ejecutivo, a través del consejero jurídico. 

Se explicó, en su momento, que la cifra antes descrita estaba “etiquetada” en el presupuesto de egresos; no obstante, no fue suministrada, lo cual impidió el proceso operativo de las instituciones aludidas. Sobre todo, del organismo comicial (en medio de la justa cívica).  

Ramírez Garrido respondió en septiembre, negando los cargos que se le imputan, según informó, entonces, el consejero, Samuel Sotelo Salgado.