Juego de manos - Paso a paso

Durante la noche del pasado 2 de agosto, una joven se encontraba caminando de regreso a casa después de una noche de fiesta en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. En el camino, una patrulla la interceptó y, con el argumento de que la llevarían a salvo a su casa, los uniformados la subieron a bordo del vehículo. Esa noche, la chica de 17 años sería violada por los 4 oficiales que transitaban dentro del coche y, posteriormente, sería abandonada a unas cuadras del crimen. 6 días después, una menor de edad levantaría una denuncia en contra de un hombre que abusó sexualmente de ella. La chica, de 16 años, señaló que el delito se cometió en la zona de casilleros del Museo Archivo de la Fotografía. El presunto criminal le llevaba 11 años, y trabaja como policía capitalino.

Ambos casos están siendo investigados.Sin embargo, los presuntos delincuentes del caso Azcapotzalco podrían seguir en funciones. De acuerdo con declaraciones del secretario de seguridad ciudadana, Jesús Orta, los 4 policías involucrados continúan en funciones, puesto que no ha habido una imputación directa, sin la cual su suspensión sería una violación a sus derechos laborales.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que los policías envueltos en el presunto crimen no se reincorporaran a sus funciones, que se están realizando las investigaciones y que, si bien no van a fabricar culpables, no darán lugar a la impunidad. ¿A quién creerle? Eso queda al criterio del lector. Lo que es un hecho es que, de ser encontrados culpables, habrá sido un error gravísimo haber tenido a agentes como ellos dentro de las filas de la policía de la Ciudad de México. Este es un caso que involucra abuso de la autoridad, violencia sexual y pederastia, no hace falta decir más para dar a entender lo desagradable de los hechos.

Estos dos sucesos se suman al registro de denuncias por abusos sexual hacia las mujeres perpetrados por uniformados y a una lista aún mayor de casos que no se denuncian. Asimismo, son un claro ejemplo de la realidad que viven las mujeres en el país, en donde no solo tienen que vigilar sus espaldas de los malos, sino que también tienen que estar pendientes de las personas que se supone están ahí para cuidarlas.

De nuevo, estos casos no son los primeros (y probablemente tampoco serán los últimos) de su clase. La violencia sexual hacia las mujeres se da día con día, y no solo se reduce a quienes las acosan verbalmente en las calles o en el transporte público o quienes utilizan distintas drogas para violarlas en una fiesta; esta se da también en el campo laboral, por colegas o por superiores, en lugares y actos que para algunos hombres nos resultan banales.

Será ley

En noticias más verdes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el lunes pasado la Norma Oficial Mexicana (NOM); la cual establece que, en caso de que exista un embarazo producto de una violación, las instituciones públicas de salud están obligadas a prestar servicios de interrupción voluntaria. Las solicitantes no necesitarán presentar una denuncia ante el ministerio público para recibir estos servicios, tan solo deberán presentar una solicitud por escrito en la que declaren que el embarazo es producto de una violación.

Este es un avance importante para el país en materia de derechos humanos para las mujeres; sin embargo, no es más que una medida reactiva ante un problema latente (y expuesto en la primera parte de esta columna) que ningún sector de la sociedad ha podido resolver: la violencia sistémica–y estructural– dirigida hacia las mujeres.

Es esta violencia la que hace que ellas tengan que caminar con miedo por las noches, siempre alertas de quienes están a su alrededor; es por ello que ante un accidente vial prefieren, si es posible, hacerse cargo ellas mismas de su problema por miedo a quien conduce el otro coche o por lo que ni siquiera cerca de policías se pueden sentir seguras. La violencia es real, el miedo también, y cada día nos está costando la vida de 9 mujeres. Basta.

La pesadilla americana

Hace un par de semanas se registraron tres tiroteos, en tres ciudades distintas de los Estados Unidos, en un lapso de 24 horas. El Paso, en Texas; Dayton, en Ohio; y Chicago, en Illinois fueron testigos del impacto que discursos de odio repetitivos y promocionados por el gobierno pueden tener sobre sus ciudadanos. El caso más llamativo fue el de Texas, en donde un joven de 21 años irrumpió en un Walmart con una misión en mente: asesinar a la mayor cantidad de mexicanos posible. El resultado de este acto de terrorismo fueron 22 personas asesinadas y otras 26 resultaron heridas

Más allá de las particularidades de cada evento, del perfil de los atacantes, o de que con estos tres acontecimientos se contabilizaron 251 tiroteos masivos en EEUU en lo que va del año. Me gustaría señalar que esto es, en gran medida, consecuencia de los discursos de odio que promueve el ejecutivo estadounidense. La “normalización” de actitudes antisemitas, el rechazo a quienes no cumplen con el perfil arquetípico del estadounidense, los prejuicios y estereotipos; todo ello abona a la mentalidad de que el racismo está justificado como un acto patriótico.

Asimismo, la influencia que tienen actores de la iniciativa privada armamentista en la toma de decisiones legislativas del país, permite un fácil acceso a las armas de fuego para los ciudadanos. Y si a esto le sumamos el párrafo anterior, resulta un sociedad armada hasta los dientes y bombardeada con mensajes que promueven el odio a los otros. Una que es capaz de entrar a un supermercado, a un parque o a un bary abrir fuego hacia todos los asistentes del lugar. Una que piensa que el Make America Great Again es sinónimo de supremacía blanca. Esa es la pesadilla americana.

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