¨Imposible¨, proteger a exfuncionarios de Graco
Expedientes contra exservidores públicos y actuales corresponden a la Fiscalía Anticorrupción, que es autónoma
En plática con El Regional, el fiscal Carmona establece la factibilidad jurídica de revocar resoluciones supuestamente amañadas
Gerardo Suarez Dorantes 
El fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, negó que se estén protegiendo exfuncionarios que integraron el gabinete del exmandatario, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. Es “jurídicamente” imposible, señaló.
A dos años del cierre de ese régimen, enfatizó que es materialmente “imposible” tal acción; de ser así: “… ya nos habrían impugnado y ya nos hubieran demostrado que estamos mal. Eso es, procesalmente y jurídicamente hablando”, improbable.
Asimismo, aclaró que los expedientes de investigación en contra de los (entonces) servidores públicos de la administración pasada y de la actual (porque también hay) no los tiene la Fiscalía General. Éstos son competencia de la instancia Especializada en el Combate a la Corrupción, que es autónoma.
Y acotó: “yo no soy jefe del fiscal anticorrupción… ésa es una idea equivocada que se ha generado”.
En ese sentido, admitió que tiene un mecanismo de coordinación con aquélla; es decir: “una relación institucional de mucho respeto; conozco personalmente al fiscal Anticorrupción; pero, no puedo dar órdenes ni tampoco revisarlo a menos que lo denunciaran ante nosotros”.
A la vez, agregó que “podemos investigarlo y él a nosotros también, pero no podemos dar una orden de que él proteja. No puedo pedirle al fiscal Anticorrupción que proteja a un servidor público, porque si lo hiciera, impugnaría la resolución que él emitiera y se la revocarían”; sobre todo, “si tuviera la razón la parte que promoviera ese recurso”.
Uriel Carmona Gándara precisó que dentro del sistema de justicia adversarial (oral), resulta inverosímil hacer eso. “Si el ministerio público dictara un nuevo ejercicio de la acción penal, el incordiarme -de inmediato- puede impugnar y demostrar ante los jueces de control que está mal el Ministerio Público”.
Por ende, añadió que lo antes descrito ha generado especulación en los medios informativos y en los círculos de la política. “Aclaro que en la Fiscalía General no tenemos ninguna carpeta contra servidores públicos de la administración pasada; todas están radicadas y son competencia de la Anticorrupción”.
Y reiteró: “si el fiscal Anticorrupción está haciendo algo mal, se puede impugnar y demostrar que está mal y, entonces, se revocarían esas resoluciones y se avanzaría en esos procesos”.
Al final, comentó que las resoluciones del Ministerio Público son susceptibles de impugnaciones, porque no poseen un elemento “terminal”.
Cualquier persona o institución -que fuera parte en una carpeta de investigación- puede reclamar ante los jueces de control y las demás instancias procesales.
