Ex juez acusa ¨prepotencia e irregularidades¨ en el PJ

El abogado y ex juez de ejecución del Poder Judicial, Javier Hernando Romero Ulloa, acusa nepotismo, irregularidades y prepotencia por parte de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López; asegura que su salida fue una clara violación a sus derechos, pues aunque se fundamentó en una ejecutoria por un amparo federal, “hasta el momento” no se la has explicado el motivos.

El ex funcionario del TSJ señaló, en un comunicado a la opinión pública, que su ingreso a las filas del Poder Judicial fue en base a la aprobación de los diversos exámenes en los que concursó para poder cubrir una plaza como juez de control oral en el 2011.

El abogado expresa que cumplió de conformidad con los requisitos y las calificaciones que requirió en su momento para ocupar el puesto como impartidor de justicia.

“En esa convocatoria (del 2011), se establecía un expediente personal, una entrevista por el entonces Consejo de la Judicatura, un examen de control de confianza y un examen de conocimientos practicado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).”

De acuerdo a la información vertida por Javier se cumplió con todos los requisitos y con los concursos establecidos, de lo cual en diciembre se llevó a cabo la designación por “unanimidad” de los 13 nuevos jueces en el sistema acusatorio adversarial.

Según las expresiones de Romero Ulloa, quien alude al amparo por el cual fue removido junto con su colega Gloria Angélica Jaimes Salgado para dar lugar a los nuevos jueces Agustín Villalobos Salgado y a Gabriela Chang Marroquín, solo se les notificó de su salida del Poder Judicial sin mayor explicación.

“El 8 de enero del 2020, la actual Junta (de Administración) integrada nada más por dos personas, Carmen Verónica Cuevas y Elda Flores, decidieron en una sesión, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual a la consideración de mi persona se excedieron.”

Esto último, según Romero, al dejar fuera (y sin valor) dos de los requisitos que ellos habrían colocado en sus requisitos iniciales en aquella convocatoria del 2011, el primer requisito fue el de control y confianza y a la entrevista y expediente personal.

Por lo arriba descrito es que el abogado señala como una completa “incongruencia” por parte de la titular del Poder Judicial que no se tomen en cuenta los lineamientos que publicó el entonces Consejo de la Judicatura.

A partir de ello es que para el litigante, la revalorización hecha a partir del mandato de una autoridad judicial no tendría fundamento y violaría sus garantías y derechos, esto último a partir de que “de manera arbitraria” se otorgó una calificación al curso básico de teoría del delito, mismo que en aquel 2011, al momento de su aplicación, no se le otorgó ni se le notificó calificación alguna.

“El exceso es que sin que la autoridad federal se la diera por cumplida, de manera prepotente, arrogante, violando derechos fundamentales, acudieron la fuente de trabajo, sala de juicios orales, nos pidieron la entrega y nos corrieron del TSJ, dejaron sin efecto nuestra designación…” ultimó el abogado.