El negocio de la Auditoría

En las últimas semanas, los legisladores morelenses les han dado la razón a quienes han realizado señalamientos y opiniones con relación a la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) en la que, en concreto, afirman que es una simulación.

La disputa entre las Diputadas Tania Valentina Rodríguez Ruiz del PT y Rosalina Mazari Espín, así como las declaraciones del presidente de la mesa directiva del Congreso Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirman que en la Auditoría los gobernadores y los diputados pueden meter mano cuando les venga en ganan, tienen el poder de decidir si envían o no auditorías especiales a cualquier institución pública de Morelos, tienen poder para retrasar, aprobar o rechazar dictámenes y tenerlos en su escritorio el tiempo que quieran.

El Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas revisó la nómina de la Auditoría e identificó que la actual legislatura dio de baja a 24 personas, pero fueron sustituidas entre enero y marzo de este año por otras 21. El problema es, que llegaron a esta institución colaboradores y familiares de los actuales legisladores, además entre ellos, hay 6 personas que no cuentan con cédula profesional. En términos simples, se repartieron los puestos. No les importó cumplir con la Ley de fiscalización del estado, la cual establece que se debe cumplir con el Servicio Profesional de Fiscalización, hasta hoy, letra muerta.

Pero no son los puestos lo que más importa en la auditoría, sino el poder que tiene para evaluar y vigilar las finanzas públicas, la capacidad de recuperar recursos y hasta de presentar denuncias penales por desvíos. Sí, en la auditoría se juegan miles de millones de pesos que durante años se han desviado y que para muchos representa seguir en libertad o bien llegar a prisión.

El poder y temor por la auditoría llega al grado de desaparecerla para crear una nueva que convenga a gobernantes o legisladores, como es el caso de 2008 que de ser la Auditoría Superior Gubernamental cambió a Entidad Superior de Fiscalización y en 2015 en la administración de Graco Ramírez y Lucía Meza como legisladora, cambió a Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización para convertirse esta en la más opaca e ineficiente, garante de la corrupción e impunidad.

Con el nombramiento de Vicente Loredo Méndez el 3 de febrero de 2015 inició una nueva etapa de complicidad y corrupción entre el poder ejecutivo y legislativo. A partir de esa fecha, se dejaron de publicar en el periódico oficial resultados de auditorías desde el año 2011, a la fecha no se han concluido auditorías de los años fiscales 2013 y posteriores. No se informa por ejemplo, si la ESAF ha dado seguimiento a las observaciones de auditorías de los años 2009 de Cuautla, Cuernavaca y Jojutla en las que se determinó en su momento resarcir 60, 39 y 17 millones de pesos respectivamente (periódico oficial 5019 del 29 de agosto de 2012 y 5097 del del 19 de junio de 2013) o como las del año 2010 por 85 y 273 millones de pesos de Jiutepec y Cuernavaca (periódico oficial 5184 del 14 de mayo de 2014) más de 450 millones de pesos podrían recuperarse -si es que no han prescrito- en tan solo 5 auditorías.

Desde el 2015 el trabajo y resultados de la ESAF fueron nulos, la simulación, la opacidad y corrupción fueron sus pilares. Quienes sí tuvieron la fortuna o casualidad de que las auditorías salieran con la observación de “sí presenta razonablemente la situación financiera, programática y presupuestal de la Cuenta Pública” fueron los Diputados Julio Espín, José Manuel Tablas y Hortencia Figueroa quienes perteneciendo a la 53 legislatura obtuvieron el aval de la ESAF de sus ejercicios como alcaldes de Puente de Ixtla, Ayala y Jojutla en el periodo 2013 a 2015.

La disputa en el Congreso no es por mejorar en la ESAF los miserables sueldos de sus empleados, mejorar su profesionalización, buscar su autonomía técnica o financiera, tampoco lo fue por dar más presupuesto a la institución de auditoría que tiene el peor presupuesto en todo el país (18.5 millones) y mucho menos fue porque en estos 10 meses de la 54 legislatura se haya evaluado o realizado un diagnóstico serio de la institución. No, la disputa de la auditoría no es por mejorarla. La disputa de la Auditoría es por el negocio que representa, es por seguir teniendo un brazo de control, chantaje y extorsión a municipios e instituciones públicas, es una lucha por garantizar corrupción e impunidad a quienes se fueron y los que se irán en un futuro.

Si los actuales legisladores tuvieran un poquito de vergüenza (13 de ellos), deberían cancelar el proceso de designación del auditor, realizar las modificaciones legales, administrativas y financieras de la ESAF para ahora sí, dar paso a un proceso de designación transparente, profesional y con participación ciudadana.

Nota. Agradecemos este espacio al Regional del Sur y su Director General Eolo Pacheco por abrir esta vía de comunicación al Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas. Deseamos ser un espacio en el que el lector encuentre información oportuna, profesional y veraz que contribuya a la promoción de la participación ciudadana y mejora en la toma de decisiones en el ámbito gubernamental. Nuestro estudios y publicaciones pueden ser consultados en www.morelosrindecuentas.org.mxtuiter: @rindecuentasmor y Facebook: Morelos Rinde Cuentas

Roberto Salinas. Co Director