Universidades en crisis requieren atención urgente
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se encuentra entre las universidades Públicas estatales que presentan problemas financieros críticos y que ponen en riesgo su operación.
Las nueve instituciones de educación superior, en conjunto con la Subsecretaria de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior (Amocvies), iniciaron un amplio proceso de análisis que ha permitido identificar y dimensionar el problema del déficit con el que operan.
Dada la magnitud de la problemática financiera de las universidades, el diagnóstico considera necesario diseñar estrategias para la atención del déficit en el corto plazo –al cierre de 2019– y en el mediano plazo –a 2024–, bajo la consideración de que la crisis financiera no se limita a estas universidades, y que los cursos de acción deberán estar dirigidos al conjunto de instituciones públicas de educación superior.
Además señala que para el corto plazo se sugiere gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la restitución del programa “Apoyos para la atención a problemas estructurales de las Universidades Públicas Estatales” a partir del segundo semestre de 2019, con un monto de 5 mil millones de pesos, a fin de que se cuente con un fondo, con nuevas reglas de operación, que atiendan las distintas causas del déficit de las universidades públicas estatales, como el reconocimiento de plantilla, saneamiento financiero y sistemas de pensiones.
Para que la SEP y la SHCP reconozcan la plantilla académica y regularicen los recursos en el convenio de apoyo financiero, la universidad deberá́ ajustar el número de su personal al criterio de racionalidad para no continuar generando un sobre giro presupuestal por este concepto. Y en el caso del personal administrativo, de igual manera, deberá́ identificarse un criterio para definir la proporción de la plantilla susceptible de reconocimiento y regularización.