La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, coordinadora del Grupo Parlamentario del PT, propuso reconocer la figura jurídica de los Directores Responsables y Corresponsables de Obra Pública y con relación a los mismos crear el Registro Único de Directores Responsables de Obra y Corresponsables de la misma para el Estado de Morelos.
La iniciativa de la legisladora, presentada en la pasada sesión ordinaria, reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para añadir una fracción al artículo 27; además, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, para establecer el título segundo Bis, que reconoce la figura jurídica de los citados.
Al hacer su planteamiento desde la tribuna legislativa, el cual fue turnado para su análisis y dictamen a la Comisión de Planeación para el Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos; la diputada petista expuso tres objetivos principales que a continuación se precisan.
Se busca reconocer jurídicamente la figura del Director Responsable de Obra y sus corresponsables en la legislación estatal; vincular a los colegios de arquitectos e ingenieros en la capacitación, certificación y actualización permanente de los profesionales del ramo; así como dotar a los municipios de un marco legal estatal que les permita aplicar criterios técnicos homologados en materia de obra pública, construcción y desarrollo urbano.
La propuesta pretende resolver la falta de una normatividad estatal que regule de forma integral la figura del Director Responsable de Obra (DRO) y de los corresponsables, que actualmente genera vacíos legales en la supervisión técnica, la seguridad estructural y la rendición de cuentas en obras públicas y privadas.
Rodríguez Ruiz comentó que, a diferencia de la Ciudad de México, que cuenta con un Reglamento de Construcciones robusto y actualizado, en Morelos solo algunos municipios han emitido reglamentos en materia de obra, y estos son limitados, desarticulados y no homologados entre sí.
Destacó que la falta de un marco jurídico estatal impide establecer criterios técnicos uniformes, mecanismos de control profesional y responsabilidades claras en el desarrollo de infraestructura, lo que debilita la seguridad estructural, la transparencia administrativa y la calidad de las obras.
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