Observador político - Feminicidios en Morelos: impunidad total
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes
En el contexto de un país que parece estar atrapado en un ciclo interminable de violencia de género, los datos que emergen de Morelos son alarmantes y, lamentablemente, predecibles; un ejemplo de ello, es la reciente declaración de Ixlol Cielo Preciado Bahena, del Comité contra el Feminicidio, pone de relieve la desoladora realidad: en la mayoría de los casos de feminicidio no hay detenidos.
SIN IMPORTAR QUE HAYA CARPETAS ABIERTAS.- En 2024, Morelos registró un aumento significativo en los feminicidios, con 40 casos reportados hasta agosto, frente a los 33 del mismo periodo del año anterior, sin embargo, el Comité contra Feminicidios sostiene que la cifra real podría ser casi el triple, con al menos 97 feminicidios contabilizados en lo que va del año. Esta disparidad entre las cifras oficiales y las que maneja la sociedad civil es un síntoma claro de la falta de transparencia y voluntad política para abordar un problema tan grave.
A pesar de que se han iniciado investigaciones, la falta de detenidos, o incluso de señalados, es una condena a la impunidad que sufren las víctimas y sus familias, por lo que no importan las promesas de justicia que se desvanecen en el aire, dejando tras de sí un rastro de dolor y frustración.
La alerta de género, que se ha declarado en diversas ocasiones, parece más un gesto simbólico que una acción efectiva, sobre todo por la situación se complica aún más con el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, una medida que, según Preciado Bahena, no solucionará la violencia. La militarización de la seguridad pública no es la respuesta, y los resultados en Morelos lo evidencian: más presencia militar no ha significado una disminución en las cifras de feminicidios.
La clave está en la prevención, un aspecto que ha sido sistemáticamente ignorado, sin una estrategia sólida que contemple la educación, el empoderamiento de las mujeres y el combate a la cultura patriarcal, seguiremos viendo cómo los feminicidios continúan en aumento. El cambio no llegará a través de reformas superficiales o de la militarización; se necesita un compromiso real y profundo con la vida de las mujeres.
Morelos es solo un reflejo de un problema nacional; la lucha por la justicia y la equidad de género requiere un enfoque integral que priorice la prevención y el seguimiento efectivo de los casos. Si no se toma en serio esta problemática, el eco de los gritos de auxilio seguirá resonando, y el feminicidio se convertirá en una sombra que jamás se disipará.
SE ATENDERÁ LA VIOLENCIA DE GÉNERO.- La llegada de Margarita González Saravia al gobierno estatal marca un paso significativo ya que es la primera mujer en ocupar este cargo, pese a ello, más allá del simbolismo, es esencial que su administración se enfoque en transformar la realidad de las mujeres que enfrentan violencia. La reciente declaración de la gobernadora sobre la erradicación del "dobleteo" de funciones entre instituciones encargadas de la atención de estos casos es un paso que debe ser seguido de acciones concretas.
La promesa de establecer una coordinación entre al menos 15 instituciones es un avance que refleja una comprensión de la complejidad del problema; la dispersión de recursos y la duplicidad de funciones han sido obstáculos sistemáticos que, a lo largo de los años, han frustrado los esfuerzos para atender adecuadamente a las víctimas.
Y es que, como bien señala la gobernadora, esta situación no solo provoca ineficiencia, sino que también puede llevar a un seguimiento deficiente de los casos, empero, la creación de comisiones para abordar la prevención, la atención a víctimas y los aspectos jurídicos debe ir acompañada de una visión crítica y transformadora. No basta con diagnosticar; es fundamental que las estrategias resultantes sean integrales y estén centradas en las necesidades reales de las mujeres.
Por tanto, la colaboración interinstitucional debe ser más que un mero ejercicio burocrático: debe convertirse en un compromiso genuino para construir un entorno seguro y justo para todas, además, es crucial que esta estrategia no se limite a la gestión administrativa. La violencia contra las mujeres es un fenómeno social profundamente arraigado, que requiere cambios en la cultura y en la educación. Es esencial que la gobernadora y su equipo no solo se enfoquen en la respuesta inmediata, sino que también promuevan programas educativos que desafíen los estereotipos de género y fomenten el respeto y la igualdad.
La tarea es monumental, pero el compromiso político de una mujer en el poder ofrece una oportunidad única para cuestionar y desmantelar las estructuras patriarcales que perpetúan la violencia; para diversos sectores de la población, es el momento de transformar la buena intención en acción efectiva.
Más, porque las mujeres en el estado merecen no solo un gobierno que reconozca su sufrimiento, sino uno que actúe decididamente para erradicarlo; la historia les exige a las autoridades que esta vez, más que palabras, se traduzcan en cambios reales.
Y SIGUE LA CORRUPCIÓN EN LA FGE Y ESAF.- En un contexto donde la corrupción se ha normalizado, las palabras de Roberto Salinas, director del Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas”, resuenan como un grito de alarma que no podemos ignorar; la crítica a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso del Estado y a la Fiscalía General de Morelos (FGE) revela un fenómeno inquietante: las instituciones creadas para combatir la corrupción han terminado convirtiéndose en cómplices de la misma.
Roberto Salinas sostiene que estas entidades, en lugar de desempeñar su papel de guardianes de la legalidad, se han transformado en vehículos de impunidad; este diagnóstico es alarmante, especialmente cuando se considera que, en un periodo de 12 años, la auditoría solo ha presentado 11 denuncias penales por irregularidades en el uso de recursos públicos.
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