Observador político - Atracos a las arcas y justicia, el legado de la Legislatura LV

La LV Legislatura del Congreso de Morelos está en el centro de una tormenta de críticas y controversias que la próxima legislatura, la LVI, no puede ignorar, sobre todo porque los diputados salientes se están despidiéndose de su mandato, pero hoy en día es imperativo que se lleve a cabo una auditoría especial solicitada por la nueva legislatura para esclarecer el destino de los 460 millones de pesos gastados en solo siete meses.

AUDITORÍA A LA LV.- Lo alarmante es que, al término de su mandato, únicamente dejaron 120 millones en las arcas del Congreso, cantidad que deberá cubrir uno de los tres meses de aguinaldo pendiente para los trabajadores.

Este desmanejo de recursos no es el único motivo de preocupación, ya que los abogados laboralistas y penalistas han alzado la voz para denunciar lo que consideran un verdadero atraco a las finanzas del estado y un agravio directo a los morelenses: la reciente reforma a la Ley del Servicio Civil, aprobada por los diputados de la LV Legislatura. Esta reforma ha sido calificada como un acto de excesivo abuso y corrupción, pues permite que los legisladores se equiparen con trabajadores y sumen sus años de servicio público para obtener jubilaciones y pensiones.

Como bien han señalado los expertos, esta maniobra es una clara violación del marco legal, dado que los diputados no deberían considerarse como trabajadores en el sentido estricto, puesto que carecen de un patrón definido; para que estos políticos pudieran ser reconocidos como tales bajo la Ley Federal del Trabajo, sería necesario un cambio legislativo a nivel federal, algo que claramente no ha sido contemplado.

El abogado que ha denunciado estas irregularidades ha descrito el proceso de modificación de la Ley del Servicio Civil como un acto furtivo, realizado "como si fueran ladrones", con el único propósito de asegurar beneficios personales y una pensión dorada para los legisladores; es evidente que esta reforma ha sido diseñada para perpetuar el privilegio y el abuso en lugar de servir al interés público.

Ante este escenario de injusticia y corrupción, es crucial que el Poder Ejecutivo actúe con decisión. La gobernadora electa debe ejercer su facultad de vetar esta reforma y asegurar que los legisladores y titulares de organismos autónomos no se beneficien indebidamente de recursos públicos.

El llamado a la nueva legislatura es claro: deben actuar con firmeza para evitar que estos abusos queden impunes y exigir la rendición de cuentas de una legislatura saliente que deja un legado de corrupción y desfalco; la ciudadanía morelense merece respuestas y justicia. La próxima legislatura tiene la responsabilidad histórica de limpiar las finanzas del estado y restaurar la integridad del Congreso de Morelos.

CUMPLIRÁ 304 AÑOS “LA VIRGEN DE LOS MILAGROS” DE TLALTENANGO.- A lo largo de la historia, la tradición ha sido un pilar fundamental en la construcción de la identidad cultural de los pueblos, como ocurre en Cuernavaca, con la feria de Tlaltenango que es un claro ejemplo de cómo las raíces históricas y religiosas pueden integrarse profundamente en la vida comunitaria.

Empero, en tiempos recientes, se ha convertido en un campo de tensión entre la preservación de la tradición y la necesidad de modernización urbana, por lo que este conflicto revela una problemática social más amplia que merece ser analizada desde una perspectiva crítica.

La celebración de los 304 años de la aparición de “La Virgen de los Milagros” en Tlaltenango es un evento que atrae a miles de personas, tanto locales como visitantes de otras regiones, generando una significativa derrama económica; esta feria, que se celebra en la Avenida Emiliano Zapata, es mucho más que un evento festivo; es un punto de encuentro cultural y económico esencial para la comunidad. No obstante, la magnitud del evento también ha suscitado una serie de desafíos, particularmente en términos de la afectación a las vialidades y al tráfico en una ciudad que ya enfrenta problemas crónicos de movilidad.

Luis Héctor Herrera López, director de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, ha señalado con razón que las ferias patronales, como la de Tlaltenango, impactan negativamente las vialidades y las avenidas principales, su propuesta de reubicar la feria para mitigar estos problemas es, sin duda, una medida que busca equilibrar la tradición con la funcionalidad urbana. Sin embargo, la resistencia de los habitantes de Tlaltenango a trasladar la feria a otro lugar revela una inquietante falta de consenso en la manera de enfrentar estos retos.

La realidad es que la Avenida Emiliano Zapata ha sido históricamente el escenario de la feria, y cambiar su ubicación no solo implicaría una alteración logística sino también un desacuerdo con la comunidad que considera este espacio como el corazón de su celebración; esta tensión entre la necesidad de mantener el evento en su ubicación tradicional y la necesidad de mejorar la movilidad urbana es un reflejo de una dicotomía que enfrenta la sociedad moderna: la lucha entre la preservación de la identidad cultural y la adaptación a las exigencias contemporáneas.

En este contexto, es crucial reconocer que la solución a este dilema no puede ser simplemente imponer una decisión administrativa sin considerar los intereses y sentimientos de la comunidad local; por lo que las autoridades deben buscar un enfoque participativo que involucre a todos los actores relevantes, incluyendo a los residentes, comerciantes y organizadores de la feria.

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