No cesa la delincuencia en contra de los transportistas
No sirve suspender servicio si autoridad no hace su parte
La delincuencia sigue afectando de manera alarmante al sector del transporte en el municipio de Temixco. Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), informó que los concesionarios de la Ruta 11, de nada les ha servido incluso con suspender el servicio si las autoridades no toman medidas frente a la creciente inseguridad que enfrenta esta línea de transporte público.
En los últimos meses, al menos 15 unidades de la Ruta 11 han sido vandalizadas o atacadas a tiros, incluso con pasajeros a bordo, y pese a las denuncias y acciones deciden reaccionar pero solo es momentánea y por unos días, porque después se olvidan de la situación que viven y prácticamente vuelen los conflictos a afectar al gremio del transporte.
Recordó que el último fin de semana de abril, una unidad fue atacada a tiros en la colonia Solidaridad de Temixco, sin que se reportaran heridos entre el chofer y los pasajeros, sin embargo, esta es una situación recurrente refirió Rivera Jaimes al subrayar que esta situación no es nueva ya que en diciembre pasado, los conductores habían suspendido sus labores durante al menos 15 días y limitaron sus recorridos a los trayectos entre Cuernavaca y Jiutepec.
Rivera Jaimes también recordó el asesinato de un permisionario, quien había sufrido el incendio de su unidad anteriormente, a pesar de la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), no se logró evitar su muerte.
De ahí que la FAT continúe exigiendo una respuesta inmediata y efectiva de las autoridades para garantizar la seguridad de los transportistas y pasajeros de la Ruta 11 y de las demás que también han sido presa de la violencia que se registra en diversos municipios de la entidad.
Ante esta situación crítica, los transportistas han solicitado una serie de medidas urgentes para mitigar la inseguridad y proteger tanto a los operadores como a los usuarios, entre las demandas presentadas se encuentran el incremento de patrullajes policiales en las rutas afectadas, la implementación de cámaras de vigilancia en las unidades y paraderos, y una mayor colaboración entre las autoridades locales y los transportistas para desarrollar estrategias de prevención del crimen.
Además, se ha pedido la creación de un programa de apoyo a las víctimas de la violencia y a las familias de los trabajadores que han sido afectados por la delincuencia, para ayudarles a enfrentar las consecuencias económicas y emocionales de estos actos violentos.