Entrevén corrupción e impunidad en IMIPE
El junio de 2015, Mireya Arteaga presentó una denuncia por un probable delito de peculado de 2.7 mdp
A cinco años no se han dado resultados: ¨todo apunta que será un caso más de corrupción e impunidad…¨
Juan Lagunas 
El 11 de junio de 2015, la entonces comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Mireya Arteaga Dirzo, presentó una denuncia (ante la Fiscalía General), por un probable delito de peculado de 2.7 millones de pesos (en agravio del organismo); empero, a cinco años, no se han dado resultados: “todo apunta que será un caso más de corrupción e impunidad…”.
Así lo informó el centro de investigación “Morelos Rinde Cuentas”; éste calificó como “inconcebible” que esto ocurra “en la casa de la transparencia, en la institución que aboga por los derechos de acceso a la información”.
De igual forma, Roberto Salinas, co-editor, argumentó que durante dos años este centro de investigación insistió en obtener la información; sin embargo, ésta le fue “negada”; por ende, se recurrió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el cual revocó la resolución del IMIPE.
Asimismo, adujo que en dicha resolución, el ente federal valoró que el IMIPE no garantizó el derecho de acceso a los datos: “… no hizo lo suficiente para obtener información de la denuncia y no sustentó la clasificación de la información”.
Además, Salinas dijo que con base en las líneas del tiempo el IMIPE tuvo que preguntar a la Fiscalía sobre el estado de la denuncia; aquélla respondió que la carpeta de investigación se encontraba en “archivo temporal y no había encontrado hasta el momento pruebas del delito”. Ergo, en septiembre de 2019 el IMIPE solicitó activar la carpeta y continuar con las investigaciones. No obstante, no hay nada al respecto.
En ese sentido, se da cuenta del desvío de la cifra monetaria antes descrita. En la “copia simple” se lee que Guillermo Arizmendi García, en su carácter de “apoderado legal”, fue el comisionado de anteponer la denuncia. Por razones obvias, se “testaron” los siguientes datos: nombre del indiciado (por ser un dato personal), domicilio de éste, unidad administrativa a la que pertenecía, cargo (por ser susceptible a ser identificado), temporalidad de algunos actos, atribuciones de su responsabilidad, nombre de la auditoría externa, nombre del nuevo coordinador del área, funciones específicas del indiciado, cuenta bancaria personal del mismo…
