Debe la FGR informar de las investigaciones de políticos con el narco

La impunidad en México y, especialmente en Morelos, es una de las grandes responsables de que el país siga atrapado en un ciclo de violencia, corrupción y desconfianza, ya que durante años, figuras como el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, los actuales alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona y Agustín Toledano, han sido acusados de vínculos con grupos delictivos, pero el peso de la justicia nunca ha caído sobre ellos. Es más, la ciudadanía ha sido testigo de cómo, a pesar de las denuncias y las evidencias, nada ocurre. No se actúa. Y la situación solo empeora.

IMPUNIDAD.- La Fiscalía General de la República (FGR) tiene en sus manos la oportunidad de dar un golpe de autoridad y demostrar que la justicia no está al servicio de los poderosos, sino de la gente, por lo que es imperativo que, por fin, se tomen acciones reales contra los tres personajes mencionados, pues estos vínculos con células criminales no son sólo rumores; son una verdad que se palpa a diario en el clima de inseguridad que afecta a Morelos.

La ciudadanía ya no cree en las promesas vacías, ni en las investigaciones que nunca llegan a buen puerto, más aún porque la desconfianza ha penetrado en lo más profundo de la sociedad y, como sociedad de izquierda, es fundamental que se exija la aplicación de la ley sin distinción de partidos ni influencias.

Es urgente que se termine con la impunidad que ha permitido que más de 18 alcaldes en todo el estado mantengan relaciones con organizaciones criminales, peor aun es que en Morelos, la gente sabe quiénes son, pero el miedo a represalias y la falta de pruebas contundentes impiden que se presenten denuncias formales. Aquí es donde el gobierno federal y las autoridades deben tomar la delantera, creando un sistema de protección real para quienes denuncien y mostrando que el peso de la justicia no será condicionado por los intereses de poderosos políticos ni de grupos criminales.

Lo más alarmante de todo esto es cómo la impunidad ha alimentado la corrupción; cuando los políticos, empresarios y criminales saben que no enfrentarán consecuencias por sus actos, se incrementa el abuso y la falta de transparencia. El poder se convierte en una herramienta para el enriquecimiento personal, para la compra de lealtades y la protección de intereses privados a costa del bienestar colectivo.

La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad del gobierno, pues es un mal que permea todas las instituciones y que impide el desarrollo real de una sociedad justa, pero los efectos más devastadores de la impunidad en Morelos y en México son los que se viven día a día: la violencia y el crimen organizado. Hoy, Morelos se encuentra entre los estados más peligrosos del país, con feminicidios, homicidios, secuestros y robos de autos a la orden del día. Esto no es una coincidencia y la impunidad ha permitido que el crimen organizado se infiltre en la política local, creando un entorno donde los grupos delictivos operan sin temor a ser detenidos.

LA OLA DE VIOLENCIA EN MORELOS.- El estado que se ha visto marcado por la violencia, no solo en términos de asesinatos, feminicidios y secuestros, sino también por el creciente poder del crimen organizado que, sin ninguna traba, se expande a lo largo y ancho de su territorio, de ahí que la impunidad es el principal aliado de estas organizaciones, que operan con la certeza de que no enfrentan consecuencias por sus crímenes, por lo que la impunidad no solo alimenta un ciclo de violencia constante, sino que además provoca el sufrimiento de miles de personas inocentes que se ven atrapadas en un entorno donde la justicia no existe.

La situación de inseguridad en Morelos no es aislada, sino que tiene nombres y lugares específicos que definen la magnitud del problema. De acuerdo con diversos análisis, al menos el 85 por ciento de los delitos en el estado se concentran en apenas diez municipios, en su mayoría en zonas metropolitanas como Cuernavaca, Jiutepec y Temixco, pero también en otras regiones como Cuautla y Ayala, donde el crimen se multiplica día tras día. Estos municipios no solo concentran a la mayor parte de la población, sino también a turistas y visitantes, lo que los convierte en blancos fáciles para las organizaciones criminales que operan sin freno.

Es alarmante que, a pesar de las constantes denuncias, las mesas de seguridad y los esfuerzos de coordinación, la situación sigue siendo crítica, según Rafael Rueda Moncalian, presidente de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública, las Mesas de Coordinación Regionales deben contar con la participación activa de los alcaldes para ser efectivas; empero, esta estrategia se ve opacada por la presencia de autoridades locales con una reputación cuestionable, muchos de los cuales están señalados por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

La relación de complicidad entre ciertos funcionarios y los malosos no solo agrava la situación, sino que también mina la confianza de los ciudadanos en sus propios gobernantes, quienes parecen más interesados en proteger sus propios intereses que en garantizar la seguridad pública.

La crisis de violencia en Morelos es un reflejo de una descomposición estructural que ha permeado tanto a las instituciones de seguridad como a las de justicia. La falta de políticas claras y efectivas, sumada a la corrupción que existe dentro de las fuerzas de seguridad y el gobierno, permite que el crimen organizado siga creciendo, sin temor a represalias.

URGE DIÁLOGO CON EDILES SIN NEXOS CON LA MAÑA.- El reciente escándalo sobre la vinculación de alcaldes con grupos criminales, especialmente en los municipios de Cuautla y Atlatlahucan, revela una de las caras más oscuras de la política mexicana: la complicidad de los actores públicos con el crimen organizado y la impunidad que prevalece en la mayoría de los casos.

Las autoridades estatales han confirmado la autenticidad de un video que muestra a los alcaldes de estos municipios con un líder criminal, y aunque Miguel Ángel Urrutia, titular de la Secretaría de Seguridad de Morelos, ha descartado el uso de Inteligencia Artificial en la autenticación del material, las reacciones de los implicados, o más bien su falta de ellas, resultan aún más alarmantes. Mientras Jesús Corona Damián, edil de Cuautla, asegura que no solicitará licencia para separarse de su cargo, Agustín Toledano se mantiene en silencio, evitando cualquier declaración sobre un asunto que ya está en proceso de investigación.

Esta situación no solo es una muestra palpable de la infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder local, sino que pone de manifiesto la complicidad de aquellos que deberían velar por la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. La falta de acción contundente frente a estos hechos subraya la impunidad que, lamentablemente, sigue siendo la norma en el sistema político mexicano.

El verdadero rostro de la impunidad es la desigualdad social. En este país, las élites y aquellos con recursos logran eludir la justicia, mientras las víctimas más vulnerables, como las comunidades indígenas y las personas de escasos recursos, quedan desprotegidas. La impunidad no solo perpetúa este desajuste, sino que lo institucionaliza, creando una brecha cada vez más profunda entre los poderosos y el pueblo.

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