Ley de Discapacidad “letra muerta” en Morelos, denuncian activistas
Gerardo Suarez Dorantes 
La Ley de Discapacidad sigue sin cumplirse en el estado, ya que, según las denuncias de integrantes del sector, las disposiciones que obligan a contar con un 2% de empleos para personas con discapacidad en el sector público y un 3% en el sector privado no se están cumpliendo. Así lo señalaron durante el conversatorio Nada de nosotros sin nosotros, organizado por la Alianza Morelense.
Carla Cleopatra García Hernández, integrante del colectivo de mujeres con discapacidad en lucha por la inclusión social y miembro de la Alianza Morelense, destacó que el empleo es uno de los sectores más afectados, a pesar de que la ley establece que debe existir un mecanismo para garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
"El empleo es uno de los aspectos más críticos. La ley establece que se deben proporcionar mecanismos educativos, proyectos productivos, capacitación, talleres, orientación vocacional y financiamiento para que las personas con discapacidad puedan acceder a oportunidades laborales. Sin embargo, esta ley no se está implementando correctamente", indicó García Hernández.
La activista también hizo referencia al artículo 26 de la Ley de Integración de las Personas con Discapacidad, que establece como obligación del gobierno estatal, los ayuntamientos y cualquier ente público, incluir en su plantilla laboral a personas con discapacidad, así como supervisar la incorporación de este grupo en las empresas, industrias y comercios del estado.
"Es fundamental que el gobierno y las empresas cumplan con sus obligaciones legales, no solo para garantizar derechos laborales, sino también para promover una verdadera inclusión social", concluyó García Hernández.
El conversatorio Nada de nosotros sin nosotros también contó con la participación de otras activistas y defensores de los derechos de las personas con discapacidad, quienes coincidieron en que la falta de aplicación efectiva de la Ley de Discapacidad refleja una profunda discriminación estructural. Además, señalaron que las políticas públicas que favorecen la inclusión aún son insuficientes y carecen de mecanismos de seguimiento y evaluación adecuados.
Durante el evento, se discutieron casos específicos en los que las personas con discapacidad han sido excluidas de programas de empleo y educación, así como las dificultades para acceder a servicios básicos como la salud, la movilidad y la accesibilidad en espacios públicos y privados.
Por su parte, diversas organizaciones civiles han hecho un llamado a las autoridades estatales y municipales para que, en conjunto con las empresas, implementen medidas que aseguren la integración laboral, educativa y social de las personas con discapacidad. Se pidió también un esfuerzo por parte de los medios de comunicación para visibilizar estos temas y generar conciencia sobre los derechos de este sector de la población.
