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Erick A. Juarez |
2018-01-12

-Si se aprueban reformas a la Constitución estatal y a la Ley Orgánica del PJ

En vísperas de que sea aprobada la reforma a la Constitución Política del Estado y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Morelos por parte de los 33 ayuntamientos, magistrados y jueces orales podrían correr el riesgo de ser destituidos de sus encomiendas ante las nuevas disposiciones.

De acuerdo con información extraoficial, se dio a conocer un inminente riesgo de pérdida de su cargo de más de la mitad de los magistrados que integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y a un grupo de jueces; en virtud de que dentro de las reformas a las leyes, promovidas por la magistrada presidente del TSJ, María Verónica del Carmen Cuevas López podría recuperar el consenso de la mayoría de los magistrados para su próxima reelección, que será el próximo mes de mayo.

Con la intención de garantizar la protección al titular del Ejecutivo, Graco Ramírez en las próximas elecciones del primero de julio, debido a que se incluyó en la Ley Orgánica del Poder Judicial una disposición que ni el propio Poder Judicial Federal o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contemplan.

ARTÍCULO 88.- Los Magistrados de los Tribunales del Estado, los Jueces y los Consejeros de la Judicatura Estatal, no podrán desempeñar otro empleo o cargo de la Federación, del Estado, de los Municipios ni de particulares, a no ser que sean de educación o de beneficencia, el cual no les impida el expedito ejercicio de sus funciones y no reciban remuneración alguna por los mismos. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del cargo”.

Con esta acción y una vez que se publique la reforma en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, los magistrados Rocío Bahena Ortiz, Rubén Jasso Díaz, José Valentín González García, María Idalia Franco Zavaleta, Andrés Hipólito Prieto, Miguel Ángel Falcón Vega, Bernardo Alfonso Sierra Becerra y Nadia Luz María Lara Chávez, así como los impartidores, Norberto Calderón Ocampo, Luis Jorge Gamboa Olea, Carlos Iván Arenas Ángeles y María del Carmen Aquino Celis, ya no podrán impartir clases en las universidades privadas y públicas, debido a que se les podría incoar un juicio político en su contra.

De acuerdo con fuentes que han solicitado su anonimato por temor a represalias, informaron que la titular del Poder Judicial de Morelos, María del Carmen Verónica Cuevas López convocó de manera urgente y privada la mañana de este miércoles, a un selecto grupo de jueces y magistrados al salón de plenos para advertirle que tenían material fotográfico y videograbaciones que comprometían la imparcialidad de ciertos jueces y magistrados con su labor de impartición de justicia.

“Se podía observar cómo compartían no solo aulas de clases, sino también sociedades comerciales con abogados postulantes, específicamente se refirió al caso del defensor particular del ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, ya que menciono que tenía evidencia de que en una institución educativa y que misteriosamente ella misma había inaugurado meses atrás y que ahora se sabe es propiedad de un Juez de Control y de un magistrado consejero y en donde aparecen de manera pública en la plantilla docente jueces y magistrados al servicio de un compañero de profesión”.



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