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Erick A. Juarez |
2017-12-18

-Reforma aprobada por diputados podría utilizarse para generar impunidad y evitar juicio político contra Graco

-Foristas alertan sobre el comportamiento autoritario de María del Carmen Verónica Cuevas López

Tras la aprobación de la Reforma al Poder Judicial en el estado de Morelos, abogados morelenses criticaron la posibilidad de que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López “ejerza impunidad” para evitar que a la salida del gobernador Graco Ramírez Abreu, se le realice un juicio político en su contra, tras las anomalías en las que ha ejercido la impartición de justicia.  

En entrevista, el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello aseguró que los diputados del Congreso del Estado le han otorgado un “suprapoder” a Carmen Cuevas, derivado a que en los últimos casos en los que se ha conducido ha sido de manera ilegal con respecto a la impartición de justicia.

El jurista aseguró que la magistrada presidenta del Poder Judicial de Morelos  se ha conducido en una impartición de justicia “caótica” e “imparcial”, donde solo se ha visto la promoción de la impunidad para evitar que en su momento le realicen un juicio político en su contra para su destitución como impartidora de justicia.

“Yo creo que ya tiene un suprapoder, pero esto ha sido otorgado por el propio Congreso del estado, y ha sido otorgado porque el Tribunal Superior de Justicia realiza acciones que les favorecen a ellos y de alguna manera son componendas políticas que se dan, pero debería de estar excluido de estos enjuagues el Poder Judicial, pero vemos hoy en día que está más politizado que nunca (…) Ha sido una manera caótica y pareciera que busca impunidad, esperemos que no le alcance”, declaró.

Por último, el litigante aseguró que los diputados locales en contubernio con el Poder Judicial del Estado de Morelos, de manera sorpresiva desaparecieron el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA).

 En la reforma también contempla la creación de dos salas al interior del Tribunal de Justicia Administrativo para conocer del sistema anticorrupción, de los cuales se nombrarán dos magistrados más, con la intención de que el TJA, se integre por siete magistrados.

 Así como nombrarán a un Fiscal General por nueve años; el nombramiento será a propuesta del Ejecutivo nombrado por el Congreso para los siguientes 9 años; asimismo nombrarán aún Auditor Superior de Fiscalización por 8 años. Con el mismo procedimiento de designación que el Fiscal General y por último, el Congreso del Estado designará Magistrados de Justicia Laboral.

 

 



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