El Regional

Opinión

| Dr. Hertino Avilés Albavera
2017-05-17

Este fin de semana el mundo vivió un ciberataque a una escala sin precedentes. El virus llamado WannaCry, un ransomware (programa malicioso que encripta los archivos de la computadora infectada restringiendo su acceso al usuario y que para liberarlos exige el pago de una suma de dinero), se propagó por más de 150 países y atacó a más de 200,000 computadoras, según reportes de prensa. Entre las víctimas hubo empresas como la ferroviaria alemana Deutsche Bahn, la operadora de telecomunicaciones española Telefónica, la automotriz francesa Renault, la compañía de logística estadounidense FedEx e incluso agencias de gobierno como el Ministerio del Interior ruso y el NHS (Servicio Nacional de Salud por sus siglas en inglés) del Reino Unido.

Vladimir Putin responsabilizó a EE.UU. por crear el software de hackeo y es que se ha señalado a la NSA (Agencia de Seguridad Nacional por sus siglas en inglés) de haber descubierto una vulnerabilidad en el sistema operativo Microsoft Windows, creado el software de hackeo y solo haber informado de la falla de seguridad a Microsoft hasta que el programa fue robado. En una declaración, el presidente de Microsoft, Brad Smith, dijo que han visto cómo aparece en WikiLeaks que la NSA ha resguardado las vulnerabilidades y ahora una de ellas ha sido robada, afectando a clientes en todo el mundo. Smith, quien también es el asesor legal de la empresa, agregó que el reciente ataque representa un vínculo desconcertante entre las dos formas más serias de amenazas sobre ciberseguridad en la actualidad: el actuar del Estado y el actuar del crimen organizado.

Este ataque cibernético nos hace reflexionar sobre qué riesgos podríamos afrontar ante un ataque de igual escala en México. Así como pudieron atacar al Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido, bien podrían verse afectados los archivos del IMSS, del ISSSTE, de miles de empresas en el país. Para un jurista quizás un miedo fundado sea el hackeo de los equipos de cómputo de los diversos juzgados en el país. Tenemos mucho en riesgo y mucho que perder si no contamos con las medidas correctas de ciberseguridad. ¿Cuánto se retrasaría la justicia si los documentos electrónicos fueran bloqueados por un virus? Se afectaría la libertad de un procesado a punto de ser declarado inocente; la vida de un promovente del juicio de amparo que requiera la suspensión inmediata de un acto de tortura; el bienestar de un cónyuge que sufre de violencia a manos del otro; el refugio de una familia que promueve un interdicto para recuperar la posesión, entre miles de ejemplos de la vida jurídica diaria. Aun quizás más grave, hay otro tipo de malware, aquel que roba y envía información sin que el usuario lo note; un ciberdelincuente podría filtrar y vender información en asuntos sensibles que los justiciables preferirían mantener en secrecía, asuntos familiares o delitos como el de violación, por poner un par de ejemplos.

En el proceso electoral, cuando la justicia debe ser más que nunca pronta y expedita para la salvaguarda de la vida democrática del país, ante tal escenario, los juzgados se verían imposibilitados para garantizar la voluntad popular emitida a través del voto, sería imposible resolver la situación jurídica de los ciudadanos que buscan ejercer su derecho a ser votados en los plazos y términos que marcan las leyes. Se vulneraría la justicia si se filtrara información de los tribunales a algún partido político en específico, inclinando la balanza a su favor. El principio rector constitucional de certeza en materia electoral, se violentaría también en un escenario en donde el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) fuese vulnerado por un ataque similar, lo que pudiera provocar la anulación del proceso electoral, ocasionando un costo socioeconómico ingente. Esta misma preocupación mantiene a muchos reacios a la idea de la implementación del voto electrónico, el país tiene un antecedente informático que revive cada seis años, exponer el sufragio a la amenaza de virus o de un ataque que haga caer de nuevo el sistema tendría efectos sociopolíticos devastadores.

Antes de cualquier  transición judicial al mundo virtual, el Estado debe garantizar la seguridad cibernética. En los últimos años varios litigantes y funcionarios judiciales se han pronunciado en favor de un juicio en línea, suena en principio conveniente, cómodo, sencillo. Pero antes se debe garantizar que los escritos de demanda, ofrecimiento de pruebas, los acuerdos judiciales, notificaciones, sentencias y todos los documentos judiciales estén protegidos de cualquier amenaza cibernética que pueda corromper, restringir, eliminar, modificar, filtrar o incluso vender la información.

            Ante tales supuestos alarmantes, lo es aún más saber que ni la legislación ni las instituciones mexicanas tienen contemplado escenario semejante.          La PGR no cuenta con Subprocuraduría, Fiscalía ni Unidad Especializada alguna en la materia. El Código Penal Federal no tipifica ninguna conducta similar, solo hace mención a medios electrónicos en la comisión de los delitos tradicionales.  La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada sólo contempla la vigilancia electrónica de parte del Estadopero nada para lidiar con delincuentes que usen estos medios contra la población. La Ley de Seguridad Nacional, igualmente solo contempla la intervención de comunicaciones incluyendo cualquier medio tecnológico pero no prevé ningún método o supuesto de protección contra ataques cibernéticos.

            Es importante que la sociedad en general, abogados y servidores públicos hagan presión al Estado para que se legisle en materia de ciberseguridad. Es un tema que nos deja vulnerables a todos y que amerita especial atención de parte de las autoridades. La delincuencia no solo se encuentra en las calles y la procuración de justicia debe estar presente también en el mundo virtual para cuidar del patrimonio, economía y seguridad jurídica de los ciudadanos y de la democracia misma.



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