El Regional

Opinión

Gerardo Suarez |
2018-08-11

Los diputados de la 43 Legislatura local, han violentado los derechos de los trabajadores del poder Legislativo al no pagarles sus salarios en el tiempo estipulado, y en otros casos, hasta despedidos de forma injustificada, sin darle su respectiva liquidación y ser amenazados si no entregan su renuncia. Estos, han sido los peores representantes populares que Morelos haya tenido y peor aún, con sus aprobaciones de créditos solicitados por el gobernador Graco Ramírez, han provocado que el estado este en quiebra sin dinero y sin obras. Y pese a eso y muchas otras cosas, se quejan de que han sido exhibidos por los empresarios morelenses.

CÁRCEL A DIPUTADOS.- Sí se cumple la máxima que estará implementando en las próximas semanas Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, muchos de los actuales diputados de la 53 legislatura tendrían que estar en la cárcel, por todo el daño y robo que han ocasionado a los recursos públicos que mal manejaron en este trienio. Para AMLO, “será delito grave la corrupción y el que cometa actos ilícitos va a ir a la cárcel sin derecho a fianza”, y por lo tanto, todos los actos de corrupción que estuvieron plagados en la presente legislatura tendrían que llevarlos forzosamente a ser inquilinos de las mazmorras del penal de Atlacholoaya. Desde la presidencia de México no se permitirá actos indebidos, por lo tanto, se calificará la corrupción, el fraude electoral y el robo de hidrocarburos como delitos graves en donde no habrá derecho a fianza.

Hasta el momento y pese a que durante el 2017 Francisco Moreno Merino, el diputado misógino fue acusado de haber desviado alrededor una cantidad multimillonaria por su homólogo del Verde, Faustino Javier Estrada González, jamás se hizo una auditoría y nadie se responsabilizó por este saqueo asqueroso de dinero público. Sí la ley de AMLO los investiga seguro que varios diputados tendrá que ser huéspedes de una cárcel de alta seguridad. Más aún, cuando el candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional, Víctor Caballero Solano, quien fue exhibido con la entrega de cheques por más de un millón de pesos en su cuenta personal, trató de justificar el hecho y afirmó que a los 30 diputados locales recibieron este tipo de transferencias. Y pese a que el dinero fue ajeno a su salario, trató de justificarlo por las acciones que hacen a favor de la población. Sin embargo, a quienes no les depositaban su salario fue a los trabajadores e incluso, algunos legisladores cobraban cantidades millonarias y de ahí ellos les pagan sus empleados. Corrupción al puro estilo legislativo. Lo cierto, es que existió un desfalco superior a los 150 millones y a quien se señaló fue a Francisco Moreno Merino pero jamás se le señaló ni cuestionó absolutamente nada, por lo tanto, si la próxima legislatura investiga, seguro encontraba muchos actos de corrupción que ya serán tipificados para ese entonces como delito grave.

CONGRESO ESPOSADO.- Tal parece que un grupo importante de esposas y familias de los actuales legisladores son quienes se han beneficiado, con las nuevas reformas de los aún dizque representantes populares, entre ellos,  Ricardo Calvo Huerta, del PRD, porque cayó en el delito de nepotismo al incluir en la nómina del Congreso del Estado a hijos, esposas y novias, con sueldos de 30 mil pesos mensuales. Poco le importó violentar la normatividad y haber traicionado a Fidel Demédicis Hidalgo por los logros económicos para sus familiares. Cómo olvidar a su suplente en la diputación, Salvador Molina Martínez, quien fue contundente al señalar a Calvo Huerta de poner a personas que cobraban y entregaban sueldos ofensivos y entre ellas estaba Kenia Oropeza, quien depositaba 30 mil pesos mensuales a Carlos Calvo, hijo menor del legislador.

CONTRATAQUE DE DIPUTADOS.- Hace un año, los diputados de la actual legislatura, iniciaron campañas de ataque y desprestigio a través de declaraciones y auditorias especiales que iniciaron contra los que consideraron como “enemigos políticos” de Graco Ramírez, y como ejemplo están los 13 municipios que se rebelaron para que no se constituyera el fideicomiso para atender los problemas de laudos con los alcaldes pero a costa del 2 por ciento del presupuesto económico que les quitaron para ese proyecto. Además de que estos 13 ediles, también decidieron votar en contra de la destitución del alcalde Cuauhtémoc Blanco y ellos mismos, repudiaron ampliar a 20 años el periodo de los magistrados que perciben 100 mil pesos mensuales por su labor. El Congreso convertido en un supra poder amenazó con auditar, vigilar y perseguir a todas las instituciones a través de la Entidad de Auditoría Superior de Fiscalización a cargo del ex perredista Vicente Loredo Méndez, pero en casos de corrupción, saqueo y malversación en la que han incurrido los propios diputados, entre ellos los directamente señalados: el priista Francisco Moreno Merino y Beatriz Vicera Alatriste, y no pasó absolutamente nada. Son varios cientos de millones de pesos que desaparecieron como por arte de magia y no hay ninguna persona señalada por lo que al final, la impunidad reinará al interior del poder Legislativo.

Aunado a ello, los actuales integrantes de la LIII Legislatura local, intentaron con sus reformas hechas a modo, reelegirse y por esa razón fueron señalados algunos diputados como traidores por su actuar sin tomar en cuenta a sus partidos políticos, como son los casos de Carlos Alaniz Romero, del PAN; Francisco Moreno Merino, del PRI y Ulises Vargas Estrada, Nueva Alianza. Los dos primeros, con peticiones de expulsión de sus respectivos institutos y con un paso ya de acercarse al Partido de la Revolución Democrática. A pesar de que han sido señalados de beneficiarse económicamente para votar todas las reformas del PRD.

Lo cierto, es que hoy los diputados del Congreso, viven la peor crisis de credibilidad en la historia del Congreso de Morelos, por no decir en qué se gastaron el dinero etiquetado para el pago de salarios del personal y diversos proveedores; por las reformas en las que se benefician a sus familiares y las pensiones doradas. Los actuales son corruptos, salvo sus excepciones y por tanto, serán sujetos a las nuevas disposiciones legales que implementará en materia de corrupción, Andrés Manuel López Obrador.

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