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| Juan Lagunas
2018-08-10

-Fue aprobada por los diputados salientes, misma que adolece de un débil empoderamiento ciudadano

-Será sometida a un análisis escrupuloso, sin venganza ni resentimientos, opinó Alejandra Flores Espinoza.

 El bloque de representantes populares del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) refrendó el compromiso de revisar “con lupa” la ley de participación ciudadana, que fue aprobada por los diputados salientes, y que adolece de un débil empoderamiento ciudadano.

Si bien, dicha ley, en los preceptos 2 y 3 reconoce que los medios de participación ciudadana son un bien público cuya titularidad radica en los ciudadanos, mediante “el compromiso compartido de acatar, por parte de la ciudadanía y el Gobierno, los resultados de las decisiones mutuamente convenidas, reconociendo y garantizando los derechos de los ciudadanos a proponer y decidir sobre los asuntos públicos, postulando que la participación ciudadana es condición indispensable para un buen gobierno y no sustitución de responsabilidades del mismo…”, coincidieron en señalar que se necesita fortalecer el elemento democrático y la igualdad sustantiva.

Dicha ley expone, en el ámbito de la imparcialidad, que ésta es “un criterio de justicia que se basa en decisiones tomadas con objetividad, sin influencia de prejuicios o intereses que lleven a beneficiar a alguna de las partes…”. No obstante, para los legisladores que entren en funciones el primero de septiembre próximo, es insuficiente.

En su momento, el coordinador parlamentario de esa fuerza política, Héctor Javier García Chávez (“El gato”), opinó que se necesitan vigorizar algunos mecanismos: el plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, audiencia pública, cabildo abierto, Congreso abierto, asamblea ciudadana, con la finalidad de dotar de mayores elementos de poder al único ente que contiene la soberanía nacional: la ciudadanía.

Es preciso destacar que se entiende por plebiscito la consulta a los ciudadanos para que expresen su previa aprobación o rechazo a un acto o decisión del Poder Ejecutivo o de los ayuntamientos, que sean considerados como trascendentes para la vida pública del estado. Podrán someterse a esta figura, por ejemplo: los actos o decisiones de carácter general del Ejecutivo; los actos o decisiones de gobierno y de las autoridades municipales, los actos y/o decisiones del Legislativo.

Empero, no podrán someterse los actos o decisiones del Ejecutivo o de las comunas relativos a: el régimen interno de la administración pública estatal y municipal.

Ésta y otras reformas serán sometidas a un análisis escrupuloso, sin venganza ni resentimientos, pero sí con la “enorme convicción de corregir lo que sea necesario”, opinó Alejandra Flores Espinoza.

 



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