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| Juan Lagunas
2018-07-14

-Reformas recientes al Presupuesto de Egresos del 2018 son un albazo contra la sociedad, coinciden

-Suspenden legisladores partidas financieras para la promoción turística y el fomento económico

Los empresarios del estado se sienten lastimados a consecuencia de la reciente modificación al Presupuesto de Egresos 2018, que fue aprobada por el Congreso, para incrementar los recursos financieros de la Fiscalía General del Estado: de 370.3 millones pesos a 784.5; es decir, 414.2 millones más.

Antonio Sánchez Purón, Ángel Adame Jiménez, Jorge Mátar, entre otros líderes empresariales, calificaron esta reforma como un “albazo” y un signo de perfidia contra la población morelense, porque no tomaron en cuenta su anuncia ni su postura.

La reforma consiste en la suspensión de partidas financieras a la promoción turística y al fomento económico, cancelando fondos cuyos recursos eran destinados a los municipios. Se abrogaron, en específico, los fideicomisos de Turismo (Fitur) y de Competitividad y Fomento al Empleo (Fidecom), así como los de Atención de la Infraestructura Municipal, para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, dotados de las siguientes cifras: 42.8, 160, 160 y 25 millones de pesos, respectivamente, en el Presupuesto de Egresos 2018.

Adame Jiménez, de la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados, en ese sentido (y visiblemente molesto), dijo que, indiscutiblemente, esta acción se trató de un “madruguete”.

Luego de dos reuniones sostenidas entre ambos grupos, empresarios y legisladores, éstos emitieron un exhorto en el pleno, dirigido al poder Ejecutivo, para que postergue la publicación, en el diario oficial del estado, de la reforma. No obstante, esta medida no satisfizo a los empresarios, quienes recurrirán a otros mecanismos de defensa, como el juicio de amparo.

El diputado del Partido Humanista, Jesús Escamilla Casarrubias, fiel a su estilo, llamando “bandido y ratero” al gobernador de la entidad, Graco Ramírez, ofreció disculpas a los líderes, por haber votado a favor sin conocimiento integral de causa, como lo hicieron los otros 20 representantes populares.

Con esta acción, se evidencia que la 53 legislatura (sin ninguna honrosa excepción, según los empresarios), levantan la mano en señal de voto a favor, sin saber a ciencia cierta que están dañando a la ciudadanía, al truncar proyectos productivos e interrumpiendo la detonación económica.

 



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