El Regional

Opinión

Carlos Gallardo |
2018-07-13

Es muy probable que, en asamblea de trabajadores sindicalizados del Congreso del Estado, programada para hoy viernes, se discuta entre los agremiados si sería de aprobarse la creación de cerca de 40 nuevas plazas.

Por lo menos ese ha sido el ofrecimiento por parte de quienes aún tienen el control del Poder Legislativo y en correspondencia se autorizaría un incremento salarial arriba del porcentaje esperado, pero no tanto.

Eso sí, la repartición de las plazas implica la posibilidad de proponer a quienes las recibirían, mitad y mitad. Esto es, 20 para la parte trabajadora y 20 para la parte patronal. Si no llegasen a algún acuerdo, entonces la propuesta de aumento al salario se desactivaría.

En tanto la versión que aquí describo sea cierta, el anzuelo está echado: otras plazas sindicalizadas a cambio de unos pesitos más en el sueldo de cada trabajador. Obviamente, en lo general la base desconoce quiénes serían los escogidos, tanto los que propondría la dirigencia sindical, como, obviamente, los que integrarían la lista elaborada por los “jefes” de la Mesa Directiva.

Las plazas referidas no se crearían a partir de una lógica de crecimiento por necesidades reales de personal en las distintas áreas del Congreso. Menos en este periodo de cierre legislativo. Más bien, supongo que se atiende a la lógica truhanesca inherente al desempeño de la mayoría de los diputados de la saliente LIII Legislatura y de aquellos que, en su condición de cómplices, están dispuestos a la ignominia con tal de sacar provecho de sus posiciones influyentes. En otras palabras, de aquéllos que quieren aprovechar hasta el último momento para colocar a su gente, sobre todo porque después les sería muy difícil hacerlo, ante la contundente y merecida derrota de los partidos políticos a los que pertenecen.

No hay justificación alguna, reitero, para abultar el número de trabajadores sindicalizados del Congreso. Si se hace, será una mancha más para quienes hicieron lo que quisieron en ese vilipendiado Poder Legislativo. Mancha que, a decir verdad, poco les importaría llevarse los que manchados están de sobra.

 En todo caso, tendrían que ser los diputados integrantes de la próxima legislatura, quienes habrían de valorar la pertinencia de nuevos nombramientos sindicalizados.

Se plantea así un escenario complicado para los que llegarán, pues al disminuir de 30 a 20 diputados, se entendería que se requeriría menos personal de apoyo, administrativos o técnico. ¿Por qué entonces la idea de acrecentar la nómina? Por mero afán de colocar incondicionales para que éstos no queden desamparados ante la catástrofe electoral que los aplastó, pero también porque sería una forma de dejar problemas laborales potencialmente disruptivos.

Como disruptiva tendría que ser, que no fue, la inconformidad de muchos empleados de “confianza”, a quienes tajantemente se les comunicó que ya no había dinero ni para pagarles la quincena en curso.

La estrategia para quitarles todo derecho laboral, fue que, desde hace más de un año, presentaran “voluntariamente” por escrito su renuncia, si bien se les seguiría pagando porque, evidentemente, continuarían apoyando a sus superiores, en su inmensa mayoría diputados.

Se corrió la versión de que una presunta agencia outsourcing sería la encargada de hacer los pagos, pero en ningún momento se presentó al trabajador de “confianza” un contrato o documento en el que se constatase su nueva situación de trabajo.

Acerca de esta modalidad se explica:

“Es decir, el outsourcing consiste en que una empresa contrata a una agencia o firma externa especializada, para hacer algo en lo que no se especializa.

Un buen ejemplo es la nómina. Todo negocio tiene que manejarla, pero existen firmas especializadas que lo pueden hacer mejor y a un costo menor del que maneja un negocio cualquiera. La empresa que contrata provee información básica acerca de su personal, la firma contratada se encarga de calcular los pagos y de hacer los cheques. Esto resulta más económico ya que se evita tener todo un departamento encargado de la nómina, pagar los salarios de la gente del departamento, correr con gastos como seguridad social, fondos de pensiones, etc.”

Nada al respecto hubo. Ni siquiera recibos que quedasen como comprobantes del pago realizado. A los trabajadores de “confianza” (quizá no a todos) se les mantuvo en esa anómala situación, Por eso a veces se les pagaba puntualmente y en otras ocasiones no. Por eso a algunos se les regateó el aguinaldo o se les dio la mitad. No había, no hubo manera de protestar, porque, repito, no había contrato alguno que permitiese fundamentarlo.

En fin, lo alarmante en todo esto es la discrecionalidad con la que se manejaron los recursos para el pago a los empleados. Los mismos sindicalizados padecieron esa situación. Por ello, recordamos, aquella irrupción en el pleno parlamentario, para exigirle a la entonces presidenta de la Mesa Directiva el pago inmediato por distintos conceptos salariales o prestacionales. El regateo se ha mantenido. Se les paga a regañadientes, bajo el pretexto de que no hay recursos. ¿Entonces por qué, me preguntó, quieren crear nuevas plazas sindicalizadas al final de la presente gestión legislativa? Ya lo dije líneas arriba.

E mail: profechon@hotmail.com



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