El Regional

Opinión

| José María Román Román
2018-07-13

Si las referencias que durante todo el sexenio respecto a los excesivos gastos del Ejecutivo estatal, más el mal manejo de las finanzas públicas llegan a tener certeza después de  una auditoría que deberá realizarle por el gobierno entrante, este personaje debe responder a la sociedad de todo aquello que no se justifique o que en el colmo de sus excesos haya dañado la economía y la confianza de los morelenses. Pero Graco, para poder realizar todos los actos que se le atribuyen en todas las áreas del gobierno estatal, no pudo y no puede ningún gobernante hacerlo solo o por su mera disposición. Graco, no está solo, de ser ciertas las afirmaciones, Graco contó necesariamente con el apoyo de los dos poderes restantes que hicieron todo posible o en todo caso y  de ser cierto que todo fuera realidad. Sin los diputados en su mayoría y sin el Tribunal Superior de Justicia en su cúpula se prestaron al juego del posible daño, deben estos personajes responder ante la ley de sus hechos.

No es un acto de venganza, y jamás debe serlo. Debe ser eso sí, un acto de justicia. El pueblo de Morelos en los últimos 18 años ha sido seriamente afectado por los actos de sus gobernantes y éstos, abusando de su poder, han utilizado su autoridad para satisfacer sus egos internos o sus caprichos y deseos personales antes que la necesidad de atender el servicio y las necesidades  públicas. No podemos olvidar el gobierno de transición del PRI al PAN de Sergio Estrada y su helicóptero del amor, ni sus excesos en las cuentas públicas que jamás fueron investigadas a fondo, y ni siquiera se hizo un intento serio para revisar sus posibles desvíos y gastos gubernamentales. Fue muy sonado en su tiempo los excesos que cometieron sus familiares directos e indirectos y se conoció ampliamente de la protección que durante su gobierno se les brindó. Tampoco se puede dejar de pensar en los escándalos que correspondieron a su vida personal pero que por ser el personaje que fue, trascendieron a la opinión pública. Fue en su gobierno donde comenzó a desatarse la delincuencia y de ahí a la fecha, no ha habido quien la pare. De este personaje prácticamente todo los hechos  quedaron impunes. Se habló e incluso se simuló intentos de investigación para castigar varias inconsistencias que en materia económica y delictiva sucedieron, pero solo quedó en intento. Su sucesor lo protegió.

En el gobierno del Doctor Adame, sucede lo mismo y la delincuencia se incrementa aún más, bajo la mirada complaciente de su gobierno, ya sea por incapacidad o por falta de voluntad. Hubo hechos escandalosos de criminalidad y rumores muy serios de que líderes de la delincuencia vivian en la Ciudad, es más, se mencionó que vivían a unas cuadras de la casa de Gobierno. No podemos olvidar la muerte y asesinato por parte del gobierno federal del Barbas, Beltrán Leyva, por mencionar uno de los más referidos. Incluso en ese tiempo se le fijan responsabilidades jamás plenamente aclaradas ni que se sepa justificadas de los aparentes desvíos cometidos por el hoy ex candidato del PAN al gobierno estatal, el Doctor Caballero. Siguió el mismo camino el gobierno de Adame que el de Sergio estrada y la población, desencantada del PAN entra en apoyo de Graco quien en ese tiempo siendo Senador recibió todo el respaldo del PRD. Pero hasta ahí las cosas, porque lo que sucedió después es muy notorio por los graves daños a la sociedad morelense que este personaje hizo durante su ahora agonizante gestión. Graco aprendió muy rápido de los refinamientos para poder usar y abusar del poder y desde luego incrementó todo: La deuda, la criminalidad y el dominio absoluto e irreverente del poder judicial y del poder legislativo.  Las cosas las hizo a su antojo con y sin razón legal. Desolló las voces de todos y se abalanzó contra todos, pero para lograr su objetivo, copó, avasalló, dominó directa e indirectamente a todos los poderes, casi sin excepción. Los municipios fueron privados de recursos cuando osaron oponérsele, el Congreso fue sometido a su voluntad se dice que mediante los consabidos cañonazos de dinero y los que no, fueron humillados y relegados. Bajo promesas el poder judicial también fue blanco de sus deseos y caprichos. Compartió lo que le convenía para que se hiciera lo que él dijo y decía. El poder judicial y el poder legislativo perdieron en ese momento la legitimidad para constituir un estado de derecho que en los hechos fue rebasado por un solo personaje: Graco.

Hoy circula en las redes y en el dominio público las prisas por proteger al gobernador de sus excesos y siguen los legisladores y el propio Tribunal Superior de Justicia, buscando huecos legales para dar una salida a lo que en esencia es indigno, que es la actuación y el sometimiento burdo del poder judicial y el poder legislativo por parte de Graco. También circula en las redes una muy acertada conclusión jurídica de las consecuencias legales y de la responsabilidad que deben ser sometidos, incluso con la cárcel a los legisladores, juntos con los funcionarios del gobierno estatal y del propio ejecutivo por los daños que irresponsablemente, se dice, han ocasionado a la sociedad morelense al aprobar cuentas públicas sin sustento. No es venganza, pero si no se aplica la justicia a Graco y los legisladores en especial, la historia del posible daño o futuros daños a la sociedad, se seguirán cometiendo. Justo es juzgar a los legisladores por sus omisiones y complicidad, pero más justo es restablecer el orden de las cosas para que tengamos un estado en paz. Cuando la ley y la sociedad ha sido omisos en castigar, los políticos vuelven a decepcionarla y abusar de sus poderes enriqueciéndose impunemente.

 



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