El Regional

Opinión

| Hertino Avilés Albavera
2018-05-17

La discusión que ha devenido en el tiempo entre el Derecho y la religión ha tomado matices cada vez más concluyentes, ya no solamente encontramos que en razón a la religión y a la rigurosidad con la que ésta establece sus normas, cualquier persona puede inobservar los derechos y principios que la Constitución, leyes y tratados internacionales reconocen.

Un claro ejemplo de esta reconceptualización es el caso de una niña de origen rarámuri de cinco años de edad y enferma de leucemia, para la cual, el tratamiento médico propuesto es transfusiones de sangre, sin embargo, la madre de la menor profesa la religión denominada testigos de Jehová, y de acuerdo a los postulados de dicha religión, no pueden sujetarse a tratamientos médicos que impliquen transfusiones de sangre, porque para Dios, la sangre representa la vida (Levítico 17:14). De esta manera, los que profesan esta religión obedecen el mandato bíblico de abstenerse de la sangre por respeto a Dios, quien dio la vida.

El caso en cita y sus pormenores se desarrolla en el Estado de Chihuahua, en el cual, la madre de la menor interpone un juicio de garantías, en el cual, señala a la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del estado como responsable de un trato discriminatorio en su contra por su origen étnico y creencias religiosas, toda vez que le prohibió tomar decisiones respecto a la salud de su hija, y además, posterior a esto, concedió la tutela temporal al DIF de la entidad para hacerse parcialmente cargo de la menor, única y exclusivamente en lo que a su salud se refiere, toda vez que dicha subprocuraduría consideró que la decisión de la madre de no autorizar la transfusión sanguínea que su hija necesita para el tratamiento de su grave enfermedad, al ser una decisión sustentada en creencias religiosas, violentaba gravemente los derechos de la menor.

Resulta muy conveniente señalar que si bien es cierto que todas las personas poseen el derecho a la salud, por decir un ejemplo, también lo es que debemos entender que la observancia de estos derechos debe serforzosamente distinta y diferenciada entre las personas adultas y los menores de edad, toda vez que existe un principio de interés superior del menor, que obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a prevalecer la decisión o circunstancia que mayor beneficie a los menores de edad.

En ese tenor, el Derecho como institución que por antonomasia se ocupa de dar a cada quien lo suyo, no deja en estado de indefensión a la religión y a sus seguidores, con independencia del tipo que se trate, como pudiera pensarse, sino que, como en el caso que se estudia, trata de elevar el debate al máximo grado posible para que sin desatender a estos dos elementos (religión y derecho), pueda dirimirse la controversia en los mejores términos.

De esta manera, siguiendo con la secuencia del juicio de amparo en comento, este radicó en el Juzgado Octavo de Distrito de Chihuahua, el cual amparó a la madre de la menor bajo el entendido de que la transfusión sanguínea tendrá lugar única y exclusivamente si, y solo sí, se agotasen otros medios o tratamientos alternativos para la niña, además, encuentra lugar a la pretensión de la quejosa y califica como discriminatoria e ilegal la tutela que asumió el DIF de la entidad utilizando el argumento de las creencias religiosas de la madre.

En esta circunstancia entramos la que el derecho como institución milenaria protectora de derechos eleva a un nivel considerable el debate entre la ponderación de las normas jurídicas y religiosas, más aun, cuando hablamos del derecho a la salud versus la libertad de credo; las cuales, tienen pleno reconocimiento en los artículos cuarto y veinticuatro de la constitución federal. Es decir, el jugador trata de agotar los medios y tratamientos para evitar la trasfusión sanguínea a la menor, sin embargo, también existe un pleno reconocimiento de que ante una imposibilidad material que permita a la menor recuperarse de su enfermedad, el tratamiento sanguíneo es inevitable.

El caso llega a inicios de 2018 a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar este caso, toda vez que la madre de la menor interpuso un recurso de revisión en contra de la sentencia del juez de distrito aludido anteriormente, al no estar de acuerdo en la posibilidad de transfundir sangre a su hija, aunque sea como último recurso para salvaguardar la integridad de la menor.

El tema aún no está agotado, no obstante, tenemos que hacer el reconcomiendo de que el punto álgido y de conflicto entre el derecho y la religión, queda cada vez más claro con este tipo de conflictos, que trasciende a la esfera pública, y por tanto de lo político.

En el contexto internacional, debe resaltarse, la reciente decisión del Presidente de los E.U. de llevar a Jerusalén, la capital Israelí; sin necesidad alguna ni contexto, lo que ha generado entre las protestas innumerables muertes y lesiones. Parece pues, que en nombre de él, se actúa, en muchas ocasiones, arracionalmente, en perjuicio de los derechos.



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